“Él tenía una confianza legítima en sus subdirectores”: las palabras con las que el abogado del exdirector del Área Metropolitana se descargó
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El alegato para la defensa de Juan David Palacio duró más de cinco horas este jueves. ¿Habrá una decisión este viernes sobre su libertad?
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Juan David Palacio fue postulado por el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para dirigir el Área Metropolitana; en el mundo político lo asumían como cuota de Miguel Quintero. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Más de cinco horas duró este jueves el alegato con el que la defensa de Juan David Palacio, el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) que está siendo procesado judicialmente, pretendía desmarcar a su cliente de los cargos que le imputó la Fiscalía por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado. En ese intento, el jurista remarcó que si acaso hubo algún acto de corrupción pudo ser responsabilidad de subalternos en uso de la facultad que tenía su cliente para delegar funciones.
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En la audiencia que comenzó casi puntual, a las 2:34 p.m., el juez 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías debía decidir si Palacio continuaba libre o era encarcelado mientras que avanza el proceso por la presunta contratación irregular entre el AMVA y los bomberos de Itagüí, por alrededor de $18.000 millones y en los cuales se habrían desviado $2.481 millones de acuerdo con el fiscal que le formuló los mismos cargos de Palacio a Ana María Roldán y Diana María Montoya, dos ex subdirectoras del área ambiental del Área en el periodo 2020-2023. Con respecto a estas dos exfuncionarias el fiscal pidió medida de aseguramiento no privativa de la libertad, consistente en la obligación de no salir del país y presentarse ante autoridad competente.
Contra Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, está el cargo por presunta falsedad en documento privado pero no se solicitó ninguna medida que mine su libre locomoción.
En audiencias previas que se hicieron entre octubre y diciembre fueron imputados, privados y encarcelados de manera preventiva el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la funcionaria del AMVA que fungió como supervisora de los contratos, María Yaneth Rúa. Otro procesado es el exjefe de la agrupación de socorro, Elkin González.
Dentro de las diligencias se han revelado pruebas de que Palacio le habría obedecido a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero; entre ellas hay un correo de 2024 en el que alguien que habría tenido contacto con los bomberos y participado en un entramado corrupto mencionó cuál era el modus operandi citando la participación de otros funcionarios como el ex subdirector administrativo, Álvaro Villada (este está imputado en otro proceso por corrupción en el AMVA).
Pero además, una testigo que está colaborando con las autoridades a través de un principio de oportunidad aportó un chat de “amigos” de Miguel Quintero y fotos que lo comprometerían.
En la sesión del 27 de enero, el fiscal anticorrupción que hizo la imputación de cargos a los siete presuntos implicados sustentó la petición de medida intramural a Palacio con varios argumentos, empezando por plantear la gravedad de los presuntos delitos. Fuera de eso, en el hecho de que este habría “enquistado” a 26 funcionarios que siguen en el Área y que le podrían brindar información si sigue en libertad, y además en la supuesta orden que habría dado de formatear tres computadores con información clave antes de abandonar su cargo.
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Para completar, el fiscal planteó que en su momento medios como EL COLOMBIANO advirtieron de los posibles riesgos de contratar con la entidad de Cadavid, toda vez que este aspiraba a la Cámara y afirmó que quería captar el apoyo de colegas bomberos.
“Él siempre cumplió su rol”
Este jueves el turno era para que su defensor, Andrés López Figueroa, desvirtuara a la Fiscalía y empleó buena parte del tiempo en plantear que Palacio no actuó en la firma de los contratos ni en su ejecución, supervisión o liquidación, y por tanto, si hubo algún interés indebido al respecto, no fue de su parte, pues tenía la facultad de delegar y así lo hizo sobre subalternos con “autonomía”.
“Ese interés indebido no se infiere por la jerarquía (...) El edxirector no actuó en ninguna fase”, afirmó.
Según el jurista, aparte de que por eso no se comprueba el primer delito, tampoco se hace con el presunto peculado por apropiación en favor de terceros por parte de Palacio, y preguntó “dónde está el rastro documental de su actuación decisoria”.
Añadió que Palacio “tenía una confianza legítima en sus subdirectores”, confiaba en que acatarían las normas y prevendrían los riesgos de las contrataciones, y no tenía razones para dudar de ellos. No obstante, nunca mencionó los nombres de los presuntos implicados.
Palacio “siempre cumplió su rol como director (...)” y cruzó comunicaciones notificando a sus subalternos si existía alguna novedad para notificar o denunciar, según el abogado. Para sustentarlo, citó una entrevista que le hizo su equipo de apoyo investigativo el martes pasado a la exasistente de dirección, Yudy Alejandra Santacruz, en la que declaró que en las reuniones del comité directivo él siempre preguntaba si había algo por “advertir o denunciar” sobre posibles irregularidades en contratos.
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Vale la pena recordar que en las sesiones previas el fiscal mostró que medios de comunicación como EL COLOMBIANO habían advertido en su momento de los riesgos que podría haber al contratar con Misael Cadavid, quien estaba haciendo proselitismo para acceder al Congreso y declaró públicamente que dirigiría su campaña a obtener el apoyo de sus colegas bomberos; y sin embargo no se habría tomado ninguna acción concreta.
Dos se inculparon en entrevistas
Sobre la cámara de seguridad que no funcionaba en la entrada del archivo, López indicó igualmente que no era función de Palacio velar porque esta se mandara a reparar, que era competencia de otra funcionaria, pero que además, en un informe técnico se determinó que la desinstalación de ella no obedeció a una manipulación indebida sino a una falla técnica que afectó la operación de la fuente de energía.
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Después de todo lo anterior, hacia las 7:55 p.m., el juez suspendió la diligencia y citó para hoy a partir de las 2:30 p.m. En la lista de intervinientes están los defensores de Roldán, Montoya y Cardona, para oponerse a las medidas solicitadas por la Fiscalía. La pregunta es si por fin habrá una decisión.
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