Un trabajo de grado podría enredar aún más el proceso que se le lleva al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a otras 13 personas por el escándalo de Aguas Vivas. Todo porque la jueza que está llevando este proceso judicial tendría un vínculo cercano con uno de los abogados de la firma que lidera Santiago Trespalacios, quien defiende a cuatro de los imputados.
Todo se debe a que la jueza 22 Penal del Circuito de Medellín, Elizabeth Vélez Galvis, hizo el trabajo de grado de su maestría con el abogado Juan David Franco González, quien forma parte del equipo de Trespalacios y de quien, incluso, se dice que es su socio dentro de esta firma. Esto representaría un conflicto de intereses en favor de uno de los abogados defensores.
Ambos hicieron el trabajo de grado para una maestría titulado “Dificultades para el ejercicio del contradictorio en los delitos de abuso sexual en los que un menor es la presunta víctima de conformidad con la Ley 906 de 2004”. Con este pretendían obtener el título de Mágister en Derecho Procesal Penal y Teoría del Delito de una universidad del centro de Medellín.
Según se conoció, tanto la jueza Vélez Galvis como el abogado Franco González realizaron el trabajo de campo en el municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá, por lo que para poder tener todos los soportes tuvieron una cercanía, al menos, durante el primer semestre de 2017, antes de presentar esta tesis.
Ante esta situación, el abogado Trespalacios, consultado por EL COLOMBIANO, manifestó que Franco González, si bien forma parte de su firma, solo ejerce en temas relacionados con infancia y no ha tenido cercanía alguna dentro de este proceso de Aguas Vivas, en el que representa a cuatro de los procesados.
Además aseguró que Franco González no hizo la tesis con la jueza por decisión propia, sino porque ambos coincidieron dentro de estos estudios con la temática. Ante esto, el asesor sugirió que ambos hicieran un solo trabajo, a lo cual accedieron.
“Me dice el doctor Juan David que sí realizó la tesis en conjunto, pero no fue por decisión propia, pues no tenían ninguna amistad, sino por sugerencia de la Universidad pues ambos estaban trabajando temas similares”, aseguró Trespalacios.
Incluso aseguró que el abogado de su firma no ha tenido ninguna cercanía con la jueza Vélez Galvis desde 2017, cuando recibieron los reconocimientos por este trabajo de grado y su respectivo título.
No obstante, algunas versiones desmentirían a Trespalacios y señalarían que Franco González no solo sería un abogado de su firma, sino uno de sus socios.
Posibles sanciones
A esto se suma que si bien su fuerte, tal como lo certifica su trabajo de grado, es el tema de vulneraciones a la niñez, Franco también habría participado en procesos contra la administración pública, lo que podría generar una afectación dentro de este proceso, teniendo en cuenta su relevancia.
Ante este panorama, cualquiera de las partes implicadas podría solicitar la recusación a la jueza por no haber declarado un conflicto de intereses, algo que debería hacer hecho antes de que se iniciara la etapa procesal en la que se encuentra este caso.
Con la declaratoria del conflicto de intereses, un tercero podría resolver la vinculación de la jueza dentro del juicio, pero al no hacerlo, se podría proceder con esta acción de recusación o buscar que Vélez Galvis se declare impedida para conocer todo el proceso.
Entérese: ¡Atención! Daniel Quintero y nueve exintegrantes de su alcaldía serán llevados a juicio por el caso de Aguas Vivas
Ahora queda en manos de las instancias superiores investigar si lo ocurrido amerita alguna sanción disciplinaria por la presunta vinculación entre la jueza y el abogado Trespalacios, que de probarse podrían acarrearles multas, destituciones y hasta inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“En la práctica disciplinaria colombiana, la no declaración de un impedimento cuando existe una causal objetiva (amistad íntima, interés directo, etc.) suele leerse como violación del deber de imparcialidad y del régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos”, según lo establecido en el Estatuto de Administración de la Justicia (ley 270 de 1996) y el Código Penal Disciplinario (ley 1952 de 2019).
Representa a cuatro en el juicio
Este presunto conflicto de intereses entre la jueza Vélez Galvis y Trespalacios, así sea mediante una tercera persona, cobra relevancia porque este abogado tiene cuatro representados dentro de este proceso judicial.
Durante la audiencia del pasado viernes se conoció que este abogado estaba representando los intereses de la exsecretaria General de Medellín, Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría; el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz, y la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez.
Algunas versiones indicaron que, incluso, Trespalacios habría tomado el proceso de esta cantidad de procesados luego de que se conoció que la juez Vélez Galvis sería la encargada de esta etapa del juicio, a lo que el abogado aseguró que todo se había hecho dentro del marco legal y de lo que permite su labor profesional.
Las suspicacias
Durante el primer día del juicio por Aguas Vivas hubo varios hechos que despertaron suspicacias entre quienes esperan que se haga justicia por uno de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente de Medellín. Lo primero es que la jueza Vélez Galvis le dedicó a la audiencia del viernes tres horas y media, entre 2:00 y 5:30 p.m., tiempo en el que solo uno de los siete abogados, Juan Felipe Criollo, el de la exsecretaria de suministros Karen Bibiana Delgado Manjarrés, pudo hacer su intervención.
Pero la polémica más grande dentro de esta audiencia tuvo que ver con que la juez permitió que se evaluara, nuevamente, la posición de la Alcaldía de Medellín como víctima dentro de este proceso, algo que el Juzgado 50 Penal Municipal ya había dejado claro, y en firme, el pasado 25 de abril.
Posterior a esta decisión, los abogados defensores Luis Antonio Hernández Barbosa y Jhohesiash Ben Emmanuel Goldstein Summers –apoderados de Daniel Quintero Calle y del exsecretario Carlos Mario Montoya Serna–, solicitaron la exclusión del Distrito de Medellín como víctima en el caso Aguas Vivas, el cual les fue rechazado.
Luego de la audiencia de este viernes, no hubo avances significativos y tampoco se pudo acordar una fecha para continuar con este proceso, ante la cantidad de abogados que participan en el mismo.
Le puede interesar: Doble turno judicial de Quintero este viernes: por la mañana injuria y por la tarde corrupción
Lo claro es que este año ya no seguirá el juicio al exalcalde Daniel Quintero, teniendo en cuenta la poca disponibilidad de fechas y que a mediados de diciembre comienza el periodo vacacional de la Rama Judicial.
Debido a esto, todos acordaron que se tendrán en cuenta cuatro fechas para continuar con el caso: 13 y 24 de febrero y 17 y 31 de marzo. Todo dependerá de múltiples factores, que comienzan por la disponibilidad de cada uno de los abogados y pasan por lo que ocurra con la jueza Vélez Galvis y las acciones legales que se interpongan su presunto conflicto de intereses.
Este proceso judicial se encuentra en una de sus etapas más delicadas, puesto que este viernes se dio inicio a la etapa judicial, a una a la que el propio exalcalde Quintero aseguraba que no iba a llegar.
Esto significa un gran hito dentro de este proceso, tanto que la corporación Excelencia en la Justicia destacó que un caso de este talante solo llegan a este punto en un 6,8% de los procesos.
Con ello se buscará establecer si el exmandatario y los otros 12 procesados son condenados con medidas que pueden llevar a la cárcel por el intento de detrimento patrimonial por $53.500 millones con los que buscaban beneficiar a dos empresas y a un particular con este lote ubicado en la comuna 14 (El Poblado).
Por este mismo proceso, el viernes la Procuraduría llamó a juicio a Quintero y cinco funcionarios por presuntas irregularidades en la expedición de la norma que iba a terminar valorizando este predio, que inicialmente había recibido el Distrito en diciembre de 2019 como parte de una compensación urbanística.
Regístrate al newsletter