Bajo el esquema del gobierno que nos rige, los colombianos sin distingo debemos gozar de los mismos derechos sin excepción de ninguna especie. Igualmente nos corresponde cumplir con nuestros deberes como ciudadanos. Este elemental concepto debe acatarse y respetarse en su integridad, para conservar el criterio de una sociedad justa y equilibrada. Esa es la manera como debe estructurarse y definirse nuestro papel como ciudadanos colombianos.
Entonces, no cabe ni puede aceptarse nunca que unos ciudadanos sean tenidos en cuenta de una manera preferencial mientras a otros simplemente se les separa de estos derechos. Los pensionados; es decir, en su gran mayoría de hombres y mujeres muy posiblemente ya entrando en la denominada tercera edad, pertenecemos a la categoría de ciudadanos de segunda clase. No formamos parte integrante del concepto de ciudadano que debe primar en nuestro sistema de gobierno ni en nuestro país.
Bajo esta realidad transcurren nuestros angustiosos días y se nos trata sin clemencia un gobierno ansioso de alcanzar una paz permanente para los colombianos, pasando por encima de los derechos de sus pensionados. Es como si continuamente escucháramos una voz que nos repite sin cesar: "Ustedes seguirán pagando por la salud el 12 %, mientras que para el resto de los colombianos disponemos el 4 %. Y así seguirán gústeles o no. Y para cada año, disponemos de un incremento del I.P.C. para ustedes, mientras que para sus hermanos, es decir, los otros colombianos, tendremos un 4.5 %. Y es más, deberán acostumbrarse a este tratamiento por los años y los años hasta que la rotación estadística por fallecimiento permita el reemplazo armonioso de sus integrantes".
Entonces: "De qué se quejan".
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