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Visita que divide opiniones

23 de mayo de 2009
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El caso de las interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue el que llevó a las altas cortes a solicitar la presencia del relator de las Naciones Unidas para la independencia magistrados y abogados, Leandro Despouy.

Este hecho, según el fiscal Mario Iguarán, y el procurador, Alejandro Ordóñez, no es suficiente para ameritar una visita oficial al país. Ambos consideran que el Gobierno ha emprendido las investigaciones necesarias para evitar que la situación se presente de nuevo.

Ordóñez cree que es una solicitud "apresurada, inoportuna y riesgosa" y recordó que por estos hechos se han abierto 24 investigaciones, se han recibido 25 testimonios y 10 versiones libres.

La presencia del Relator en estas condiciones sería admitir que las acciones judiciales emprendidas hasta el momento no han dado resultados, afirmó Ordóñez.

Como parte de estas investigaciones el DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentaron el lunes un informe sobre las interceptaciones ilegales a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

El documento, de unas 200 páginas, cuyo contenido fue calificado como "insatisfactorio" por la Comisión Interinstitucional, fue discutido el martes en una reunión con el ministro del Interior, Fabio Valencia; el Fiscal, Mario Iguarán.

Al final del encuentro, los magistrados expidieron una carta en la que pidieron de nuevo al presidente Álvaro Uribe pronunciarse sobre los seguimientos a los magistrados. Además, algunos reiteraron la necesidad de la visita del relator de la ONU.

Luis Fernando Otálvaro, representante de los trabajadores de la Rama Judicial, quien también asistió al encuentro, advirtió que el caso del DAS es solo uno de los puntos que se deben tratar con Despouy pues se han presentado varios incidentes con el Presidente.

Entre ellos están la negativa a acoger un fallo de tutela que obligaba a suspender las fumigaciones con glifosato; y el rechazo al fallo de la CSJ que determinaba que los desmovilizados de las Auc no habían cometido delitos políticos y, por lo tanto, no eran sujetos de amnistías ni indultos. A esto se suma el incidente con el ex presidente de la CSJ, César Julio Valencia, quien denunció que Uribe lo llamó para indagar por los avances de la investigación contra su primo el ex senador Mario Uribe.

"Lo del DAS es solo la gota que derramó el vaso", afirmó Otálvaro.

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