Son tantas las víctimas de las distintas formas de violencia que azotan a la ciudad, que ni siquiera la Administración Municipal sabe cuántas son. No obstante, una cosa sí le queda claro a Gabriel Jaime Bustamante, director del Programa de Atención de Víctimas del Conflicto Armado: que éstas necesitan que las escuchen y que haya justicia.
Bustamante está al frente de este proyecto de atención a las víctimas desde 2003, cuando se desmovilizó el Bloque Cacique Nutibara, uno de los actores del conflicto armado en Medellín.
Hoy Bustamante destaca que las víctimas salieron del anonimato y reclaman sus derechos.
¿Podría hacerse un cálculo de cuántas víctimas hay en Medellín?
"No, el universo sigue siendo muy incierto. Nosotros hoy atendemos directamente a 250 familias de manera integral, en 2009 teníamos unas 500 familias".
¿Qué servicios les prestan a las víctimas?
"Atención sicosocial, reconstrucción de la memoria, asesoría jurídica, y somos un puente, volcamos en las víctimas toda la oferta institucional para que también sean sus beneficiarios".
¿Ha cambiado mucho la visión de las víctimas del conflicto desde cuando comenzó el programa a hoy?
"Por supuesto, al inicio, como muchas otras organizaciones, pensábamos que las víctimas solo estaban en los sectores pobres de la ciudad, y no es así, aquí tenemos víctimas de todos los sectores sociales, de todas las ideologías, de todos los estratos y de todas las edades".
¿Cuáles son los delitos más recurrentes de los que han sido víctimas los ciudadanos de Medellín?
"El asesinato primero, después el desplazamiento y como tercero la desaparición forzada".
¿Qué percepción tiene de la Ley 975 de Justicia y Paz con respecto a las víctimas?
"Con todos los inconvenientes y críticas que ha tenido, esta ley ha facilitado entre otras cosas, que en este país se empiece a hablar de las víctimas, las ha visibilizado jurídicamente. Apenas estamos iniciando este recorrido, hay gente que pretende que resolvamos esto en dos o tres años, y un conflicto tan largo y tan complejo no es simple de resolver".
¿Cuál es la visión que tiene de los problemas de orden público que afrontan hoy algunos barrios de la ciudad?
"Mi visión personal es que aquí hay problemas estructurales muy serios, puede que las intervenciones que haga el Gobierno Nacional, o las que hacemos nosotros, sean efectivas, pero es muy probable que si no hacemos un trabajo a más largo plazo, de prevención desde la niñez, las cosas seguirán igual, porque estamos hablando de unas violencias heredadas".
¿Cómo interpretan las víctimas la llegada de más Fuerza Pública a la ciudad?
"La gente no descalifica la presencia de la Fuerza Pública en sus barrios, la valoran, pero temen que llegue el momento en que ya no estén y qué puede pasar cuando se vayan. A la gente le decimos que denuncien pero si a quienes denuncian están libres en tres o cuatro horas, entonces hay un asunto complicado y es el de la confianza. Las comunidades han perdido la confianza en la justicia".
¿Cuál es la demanda de justicia por parte de las víctimas que se acercan al programa?
"Yo pienso que si las denuncias de la gente no se hacen efectivas, difícilmente vamos a enviar un mensaje de confianza, es decir, si la gente por encima del miedo y del dolor, se atreve a denunciar y luego los criminales quedan libres por vencimiento de términos, por ejemplo, ese no es un buen mensaje para la sociedad. El trabajo en la generación de confianza es arduo".
¿Dónde está la principal falencia de las víctimas para pasar de su condición de víctimas a ciudadanos?
"Nosotros no reparamos económicamente, no tenemos la capacidad de hacerlo, además la responsabilidad es del Gobierno Nacional, nosotros vamos interviniendo con nuestros programas y por otro lado el Gobierno Nacional aparece pagando por reparación. Le hemos dicho muchas veces al Gobierno que integremos esas dos cosas, pero no ha sido posible. A la gente hay que acompañarla en ese proceso, la reparación debe aproximarse a una integralidad".
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