La situación de violencia que vive la ciudad exige que se tomen medidas de choque y la consolidación de forma inmediata de una política pública de seguridad, es una de las conclusiones más importante del debate realizado en el Concejo de Medellín a la problemática de inseguridad.
Según Federico Gutiérrez, uno de los concejales citantes, si la tendencia de homicidios que se presenta en la ciudad continúa en alza se superará la cifra arrojada el año anterior, 2.178, que en muchos años no se daba.
"Cada vez se atomiza más el conflicto urbano por eso necesitamos acciones decididas para superar el problema de seguridad", expresó Gutiérrez, quien agregó que si no hay acciones judiciales contundentes, los esfuerzos de la Policía y el Ejército no serán suficientes.
Gutiérrez también afirmó que es necesaria una reforma a la justicia, porque el problema no es solo de Medellín sino de todo el país.
Algunos corporados manifestaron su inquietud frente a las metas que se trazaron en el Plan de Desarrollo, las cuales no se han cumplido, en materia de seguridad, debido a que en el momento en que se diseñó la problemática no había alcanzado el tinte que hoy tiene.
El secretario de Gobierno, Juan Felipe Palau, destacó el esfuerzo que ha hecho la administración municipal, pero precisó que hasta que no se apruebe la adición presupuestal de 35.000 millones de pesos no habrá ajustes al Plan.
Señaló que de estos recursos, 22.000 millones de pesos se destinarán para reforzar los programas que se habían propuesto en el Plan de Desarrollo y para algunas obras de infraestructura. Los 12.000 millones de pesos restantes serán para la modernización del sistema de emergencias (1 2 3).
Palau justificó el incremento de homicidios como el resultado de una acción del Estado en su conjunto que ha enfrentado una red criminal y que al desestabilizarse se ataca entre ella misma.
"Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín vamos a llevar unas propuestas concretas al nuevo gobierno, para que, así como en el pasado se hizo una reforma a la política de seguridad para atender la amenaza terrorista en lo rural, ahora se formule un marco normativo que, con todo el respeto por los derechos humanos, dé herramientas más efectivas para enfrentar el microtráfico y la microextorsión que son las que alimentan las redes criminales", indicó Palau.
La directora de Fiscalías, seccional Antioquia, Martha Penagos, anunció que ya se conformó un grupo especial de fiscales que adelantará el proceso de extinción de dominio a 150 inmuebles que han sido allanados por venta de estupefacientes.
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