El Partido Conservador tiene que salirse de los temas de la cama, sobre todo desde la óptica de la religión, para hablar de los problemas políticos importantes. Y antes de hacerlo tiene que liberar la sexualidad y restituir la autonomía de la mujer sobre su cuerpo.
La discusión generada por esa colectividad para anular la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto, es otro elemento que demuestra que la legislación, y la política nacional, no se han distanciado de los moralismos religiosos.
Una pena.
La Corte autorizó en 2006 el aborto en casos de violación carnal violenta, peligro en la salud de la madre y malformaciones del feto. Fue un paso progresista y acertado hacia donde debe pararse el país en cuanto el controversial tema del aborto. Se trataba en ese momento de una regulación que, aparentemente, no hería las creencias de nadie.
Claramente estábamos errados.
De ser aprobada la propuesta de ciertos legisladores conservadores, apoyada por la Iglesia, otra vez deberían pagar penas en la cárcel las mujeres que se practican abortos cuando han sido violadas, o cuando el embarazo les impide tener un tratamiento médico que puede salvar su vida, o cuando el feto tiene una deformación grave que asegurara que la vida del hijo sea traumática.
Increíble, pero cierto.
Eso es lo que quieren. Pero al hacerlo se ignora que el efecto que ha tenido la sentencia de la Corte Constitucional, entre otras, es que los abortos han sido efectuados por médicos serios y en las adecuadas condiciones de cuidado, y se han democratizado en acceso y calidad estos procedimientos para los sectores sociales menos privilegiados, reduciendo la clandestinidad y peligros. En conclusión, minimizando las muertes de mujeres que se practican estas operaciones.
Según los datos, con esa sentencia no se han obtenido más abortos, sino menos mujeres muertas. Hasta un santo estaría de acuerdo con eso. Pero los conservadores y religiosos colombianos, a nombre del derecho a la vida, no.
Contradictorio.
La penalización del aborto, en todos los casos, no hará que haya menos procedimientos, pero sí numerosas muertes de mujeres. Eso es un hecho. Y por eso lo sensato sería que los que son creyentes no practicaran el aborto y que sancionaran internamente a los correligionarios que evaden la prohibición. Pero solo ellos.
El conflicto surge ya que pretenden imponer, con argumentos religiosos, una conciencia social, por medios legales y jurídicos. Los debates teológicos son complejos, ambiguos y siempre terminan en el concepto de la fe, por eso nunca habrá consenso sobre esos temas. Entonces hay que alejarse de ese debate.
Científicamente el feto, antes de los tres meses de gestación no tiene sistema nervioso básico, por lo tanto no puede sufrir y no se puede considerar persona. Un embrión fecundado sí, pero no una persona. Hay una diferencia.
Por esto, desde la óptica legal, el Estado no tiene razones para obligar a la mujer a mantener un embarazo sin destino antes de ese periodo límite. Prohibirles la opción, sobre todo en los tres casos que enumeró la Corte en su sentencia de 2006, es abusivo y se basa en la imposición de las creencias religiosas de unos, para el cumplimiento jurídico de todos.
Lo apropiado es permitir a cada mujer actuar según su conciencia y para eso la solución está en la educación. Sobre todo en una educación sexual profunda, temprana y libre de falsos moralismos que ponga al alcance de todos, los manejos de anticonceptivos y planificación.
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