Existe una creciente preocupación sobre el futuro de la agricultura. En la actualidad más de mil millones de personas viven en medio del hambre. Para 2050 es necesario doblar la producción de alimentos para poder alimentar una población que se estima llegará a nueve mil millones de personas. La reciente suspensión de las exportaciones de trigo debido a severas inundaciones que han sufrido países exportadores como Rusia, ha prendido nuevamente las alarmas. Los precios de los cereales otra vez van en alza y esto compromete la seguridad alimentaria de los más desfavorecidos. Al igual que en el mundo, la agricultura en Colombia está nuevamente dentro de las prioridades en la agenda pública. Y los desafíos son múltiples.
La agricultura y temas relacionados con ella son los que hemos venido analizando en estos días en Dublín, Irlanda del Sur, país que a pesar de la aguda crisis económica por la que atraviesa, es uno de los principales donantes europeos y su prioridad está en atacar el hambre, especialmente en los países africanos donde la gente muere por desnutrición.
En el caso colombiano, las nuevas políticas en materia de agricultura plantean una revolución sin precedentes en el país. La Ley de Tierras presentada por el ministro Restrepo contempla, en un acto de justicia, no solo la restitución de la tierra a todos aquellos campesinos que en los años pasados fueron despojados de sus bienes de manera violenta, sino también una serie de puntos tales como la formalización de la propiedad, el acceso de los campesinos a la tierra, su adecuación y a sistemas de riego, y algo que me ha llamado poderosamente la atención: frenar la expansión agrícola sobre las áreas de bosque y las selvas del país, con lo que se busca por primera vez, desde la óptica agropecuaria, ordenar el uso del territorio de acuerdo a su aptitud y poner freno a la destrucción de las reservas forestales con que cuenta Colombia. Anualmente son arrasadas más de 300.000 hectáreas de selvas.
Recordemos que en el pasado el principal estímulo para la titulación de baldíos era que los predios contaran con "mejoras", lo que en plata blanca quería decir, que si no se talaba la selva, no era posible acceder a un título de propiedad. Bajo este criterio se fue expandiendo la frontera agrícola en nuestro país. No importaba si se trataba de ecosistemas estratégicos de especial significación ambiental o de suelos pobres cuya calidad y fragilidad limitaba su productividad y por lo tanto ameritaba mantener los bosques como sistema de protección de los suelos, el recurso hídrico y la biodiversidad. Y como era obvio, las mejores tierras, aquellas localizadas en los fértiles valles interandinos iban quedando en las manos de los más poderosos e influyentes, mientras que los más pobres solo tenían acceso a tierras lejanas, por lo general, las menos fértiles y en zonas de alta pendiente, situación que fue estimulada con la llegada de los cultivos ilícitos. Los resultados están a la vista: erosión, pérdida de suelos, destrucción de nuestra biodiversidad, sequías e inundaciones.
Hoy, cuando contamos con mejor información y hay una conciencia pública sobre la importancia de mantener los ecosistemas de los cuales dependen servicios ambientales de carácter estratégico como lo es el agua, la nueva política agropecuaria del gobierno pinta como la principal política ambiental para el país.
En la actualidad, según cifras del Ministerio de Agricultura, en Colombia existen 21.5 millones de hectáreas aptas para agricultura, pero tan solo se utilizan 4.9 millones para tal fin. Contamos con 14 millones de hectáreas con aptitud forestal, pero nuestros bosques plantados no llegan a 350.000 hectáreas, y las tierras dedicadas a la ganadería llegan a los 38.6 millones de hectáreas, cuando solo la mitad tienen aptitud ganadera. Además, en 2009 una hectárea en agricultura generó 12.5 veces más valor que una hectárea en ganadería. He ahí el gran potencial de nuestro país en materia de producción de alimentos, pero también los desafíos del nuevo gobierno: hacer realidad una política incluyente, productiva, de largo plazo y con gran responsabilidad ambiental.
* Ex ministro de Medio Ambiente
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