A 40 grados de temperatura, 1.350 personas se ahogan en la cárcel La Tramacúa, de Valledupar.
En Cesar, donde la tierra es más caliente y el sol cuece la piel, los reclusos tienen solo media hora de agua al día y el hedor de las excretas se mezclan con el sopor de la mañana, la tarde y la noche.
No es un campo de tortura, es un centro penitenciario y carcelario donde se presentan graves violaciones a los derechos humanos, según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
La situación no es nueva. Las irregularidades denunciadas dentro del penal, datan del 2002, cuando fue inaugurado.
Con la idea de tener una cárcel de máxima de seguridad donde recluir delincuentes considerados de alta peligrosidad, la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos asesoró al Gobierno de Pastrana para construir La Tramacúa.
Pero lo estructura que le costó 25 mil millones de pesos al Estado, en la construcción y adecuación, parece desmoronarse a pedazos.
Los responsables de ejecutar la obra, RMR Constructores y Alfredo Muñoz & Cía (hoy Constructora Amco Ltda), responsabilizan de las anomalías a la administración municipal, que permitió -por ejemplo- que proyectos urbanísticos alrededor de la cárcel se pegaran del tubo que le suministra el agua.
Por eso el líquido vital llega a cuenta gotas solo a los primeros y segundos pisos de los cinco que tiene cada una de las nueve torres del penal.
En las visitas y el seguimiento a las tutelas interpuestas por los apoderados de los reclusos, la Defensoría Regional del Cesar detectó otras anomalías.
En un informe al Ministerio del Interior, al Inpec y a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría evidenció que el detonante de la crisis es el precario suministro de agua.
"Pero allí subyacen otros problemas que son también complejos, que van desde las fallas en la infraestructura, en el servicio de salud, en la ausencia de programas para redención de penas, hasta el uso excesivo de la fuerza del régimen penitenciario", aseguró Agustín Alberto Flores, defensor del Pueblo de Cesar.
Las principales conclusiones de este informe fueron:
La red sanitaria de las nueve torres presenta problemas, en la mayoría de celdas no hay sanitarios y los reclusos disponen de un hueco, hecho por ellos mismos, para hacer sus necesidades fisiológicas, que no son evacuadas porque el alcantarillado tampoco funciona.
Y en febrero pasado, por ejemplo, la Defensoría interpuso 75 tutelas para que Caprecom (entidad responsable de la prestación de servicio de salud en la cárcel) les garantice a los reclusos los procedimientos médicos que no están dentro del POS.
El cierre o el cambio
Pero los diagnósticos, las denuncias y las súplicas para cambiar el panorama de La Tramacúa parecen un canto a la bandera.
El pasado 13 de junio una comisión del Congreso, encabezada por Iván Cepeda, constató los problemas.
También se hicieron presentes la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Gobernación del Cesar y de la administración de Valledupar.
Y la conclusión fue esta: tanto el Inpec, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y el Ministerio del Interior y de Justicia están enfrentados y descoordinados para solucionar esta crisis.
"El Ministerio le atribuye a la Gobernación el tema de los contratos, la Gobernación dice que es un tema que se generó por una traición en las escrituras del terreno, ya que no estaban previstos para construir una nueva penitenciaría sino para trasladar la penitenciaría judicial de Valledupar. La administración departamental también asegura que las obras internas para hacerle mantenimiento al acueducto es responsabilidad del Inpec y este dice que ha cumplido", dijo Iván Cepeda quien sostuvo que la conclusión de la comisión es que cualquier solución "pasa por el cierre del establecimiento. La situación tal y como está es insostenible".
Este diagnóstico coincide con el informe de Víctor Martínez, secretario de Gobierno de Valledupar, quien expresó que la Alcaldía no tiene la capacidad para garantizar el servicio de agua ni de alcantarillado en La Tramacúa y que la Secretaría de Salud municipal avala el cierre del penal por las condiciones de insalubridad.
Esto se suma al pedido de sellar la cárcel que 15 congresistas le hicieron al Gobierno el pasado jueves.
Por ahora, el Ministerio del Interior, a través del Inpec, se comprometió a construir nuevos tanques de agua para abastecer el centro penitenciario, a reducir en un 20 por ciento la población del penal para que los quintos pisos de las torres queden desocupados. A su vez ordenó nombrar cinco funcionarios en el área jurídica y de reinserción social para garantizar la redención de penas y mantener una comunicación estrecha y permanente con el Comité Internacional de la Cruz Roja. (CICR).
"Respetamos la solicitud de cierre del penal, pero lo que corresponde al Ministerio del Interior y al Inpec se encuentran en desarrollo y el problema es que el agua potable llegue al penal. Una vez se supla esta necesidad todos los problemas se habrán subsanado", aseguró el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Inpec.
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