Más de una vez, a lo largo de este año y medio de debates enconados sobre la propuesta de referendo para autorizar la segunda reelección de Uribe, la iniciativa ha estado prácticamente hundida. Pero el Presidente y su equipo se han dado las mañas para revivirla. No es descartable que ahora ocurra lo mismo. Pero será mil veces más difícil.
La ponencia del magistrado Humberto Sierra, declarando inexequible la Ley 1354 por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional, deja muy poco espacio para que los demás magistrados decidan rechazar el texto y nombrar a otro ponente.
Pero aún si eso ocurriere sería imposible tramitar la nueva ponencia y convocar el referendo en el tiempo que resta para que se venza el plazo de la inscripción de candidatos a la presidencia de la república. Estamos a un mes de este evento.
Ahora bien, hay otra señal de que, en esta oportunidad, el referendo está enterrado: el ambiente en la coalición uribista se ha agitado en estos días de manera impresionante. Juan Manuel Santos se está moviendo con fuerza de candidato y ha metido la mano en el Partido Conservador para preparar una alianza con Andrés Felipe Arias, con el claro propósito de cerrarle la puerta a las aspiraciones de Noemí Sanín.
De Rodrigo Rivera se dice que está buscando asesores internacionales que puedan organizar una campaña relámpago a la presidencia.
Si estos pesos pesados del uribismo, que esperaban agazapados el día del hundimiento del referendo para tirarse definitivamente al ruedo, están en el plan de candidatos, es que la iniciativa está agonizando y la salvación es prácticamente imposible.
Pero el daño a la campaña política está hecho. Por cuenta del empeño del presidente Uribe y de sus asesores en buscar el referendo, el debate se paralizó. La ciudadanía no ha podido conocer las propuestas ni valorar las figuras que buscan reemplazar a Uribe en el Palacio de Nariño.
La responsabilidad del gobierno es muy grande. Tal como lo demuestra el magistrado Sierra en su ponencia, los vicios en el trámite eran descomunales y las posibilidades legales de que la ley pasara el filtro de la Corte Constitucional eran muy pocas.
El Presidente y el gobierno sabían esto a cabalidad. Tanto que reconocían cada una de las irregularidades: la violación de los topes financieros; el cambio del texto del referendo para traer la posibilidad de la segunda reelección al 2010 cuando las firmas se habían recogido para una elección en el 2014; la realización de las sesiones extras sin que hubiesen aparecido convocadas en el diario oficial; y la participación de cinco representantes de Cambio Radical inhabilitados para votar en la aprobación del referendo en la Cámara.
Eran plenamente conscientes de estas graves violaciones a la ley y se inventaron la teoría de que el hecho de que la iniciativa tuviese un origen popular y estuviera refrendada por cinco millones de firmas, la hacía invulnerable ante la Corte Constitucional.
También la idea de que las trampas de los promotores no tenían efectos sobre el contenido del referendo y sólo comprometían individualmente a los infractores.
Ha sido un acto imperdonable de soberbia. Pensaban que la favorabilidad en las encuestas les autorizaba las mentiras y las triquiñuelas. Pensaban que todo el mundo tenía que sucumbir ante su poder.
No imaginaban que alguien se podría atrever a actuar con criterio jurídico desdeñando las presiones políticas.
Es la primera cuenta de cobro que deben pasarle los candidatos independientes y de oposición a la coalición del presidente Uribe.
No hay derecho a que hayan jugado con el país durante más de un año. No hay derecho a que hayan mantenido en vilo a la opinión a sabiendas de que sólo una violación flagrante de la Constitución permitiría sacar adelante el referendo.
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