La prórroga por un año más por parte del Gobierno del mandato de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU tranquiliza, por ahora, a activistas, ONG y víctimas, que esta semana creyeron perder un aliado y garante de su labor y derechos en un país azotado por el conflicto.
Una movilización de estas organizaciones se dio desde el pasado martes para pedir la continuidad de la dependencia y refutar los argumentos del presidente Juan Manuel Santos sobre la superación de las violaciones de derechos humanos en Colombia.
Todas las voces coincidieron en que desde la creación de la oficina en 1997 ha cumplido una tarea vigilante y de cooperación que benefició a defensores de derechos humanos, de denuncia de la violencia de grupos armados y agentes del Estado y fuente de recomendaciones para superar los efectos del conflicto.
Otro argumento generalizado es que el país, a pesar de avances en la protección de derechos humanos, aún vive un conflicto armado.
De allí el alivio que experimentaron anoche, tras la reunión entre la Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay, con el presidente Juan Manuel Santos y la canciller, María Angela Holguín. Al final del encuentro se confirmó la decisión de extender otro año el mandato de la oficina, como ha ocurrido desde su creación en 1997.
Entre quienes justifican su presencia en el país está Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas y relator de D.H. de la ONU para Haití: "En Colombia persiste el conflicto y las violaciones de guerrillas, bandas criminales o paramilitares y agentes del Estado y por eso se requiere vigilancia de un organismo como la ONU, con legitimidad internacional".
El jurista recordó que a través del representante en Colombia, Todd Howland, la ONU ha hecho advertencias sobre la cuestionada reforma del fuero militar, la crisis carcelaria o los presuntos excesos de la Fuerza Pública con la protesta campesina en el Catatumbo, donde hubo cuatro manifestantes muertos.
Para el congresista Iván Cepeda, fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, esas críticas cayeron mal en el actual Gobierno y "eso generó ese anuncio desafortunado de Santos".
El Gobierno ha señalado en los últimos meses que el país ha logrado avances en la protección de los derechos humanos, y como ejemplo expone que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos excluyó este año a Colombia de la lista negra de países donde más se violan los derechos humanos.
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