En una ciudad que se queda corta en programas de prevención del consumo de drogas, y donde al 70 por ciento de los adictos que quieren rehabilitarse los dejan por fuera del sistema de salud, se garantiza la permanente demanda en la economía ilegal del microtráfico de estupefacientes.
La ofensiva policial contra las plazas de vicio se convirtió en mandato presidencial en el momento en que Juan Manuel Santos ordenó desmantelar estos focos del delito en todo el país, en un plazo de cuatro meses.
Faltan 35 días para que llegue la hora cero impuesta, y el saldo en Antioquia es de dos ollas intervenidas. Solo en Medellín la ONG Corpades estima que existen 1.000.
Así que la oferta parece también garantizada. Ni los consumidores ni los traficantes al menudeo han sentido escasez o alzas en los precios de las sustancias ilegales, pese a la ofensiva de las autoridades.
Ellas mismas reconocen que es muy difícil acabar con el negocio del microtráfico en tan poco tiempo y que se necesita una intervención integral y prolongada.
Mientras tanto, este negocio con rentas billonarias funciona con la precisión de una máquina, las 24 horas del día, siete días a la semana.
