El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría desmintió informaciones de prensa que esta semana señalaron que los recursos de la venta del 57,6 por ciento de propiedad en Isagén serán para financiar el postconflicto, ante un eventual acuerdo con la guerrilla.
"Esos recursos, por supuesto, que no se destinarán a la paz, porque la paz es un proceso, que está en negociación. Lo hemos dicho claramente: los recursos son para la infraestructura de transporte que necesita Colombia, un activo por otro".
Así lo comentó el funcionario ayer después del debate de control político citado por la Comisión Quinta del Senado, ante la cuestionada enajenación de acciones en la generadora que cubre la sexta parte de energía requerida en el país.
Entre tanto, arreciaron las críticas por parte de congresistas, sindicatos y la Liga de Usuarios de Servicios Públicos ante el proceso de venta que comenzará en una semana.
Según Colprensa, la viceministra de Hacienda, Carolina Soto Losada, indicó ayer en el Senado que aún el gobierno nacional está definiendo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cuáles serán los proyectos viales que se financiarán con los recursos de la venta Isagén.
Esto dio pie para que el senador José David Name afirmara que "el Gobierno está obrando con premura al poner en venta Isagen sin tener claridad sobre las obras ni el costo del plan de expansión de esta generadora".
Por su parte, la contralora delegada para asuntos energéticos, Ana María Silva, dijo que no se pronunciará el ente de control hasta no tener la información detallada sobre la venta solicitada al Gobierno.
Entre tanto, el viceministro de Energía, Orlando Cabrales Segovia, defendió la decisión del Gobierno afirmando que es una forma de maximizar el valor de la compañía y "que se pasen esos recursos del sector eléctrico, ya maduro, al de infraestructura, que requiere recursos y que es fundamental para la competitividad del pais".
Mientras el debate se atizaba en Bogotá, el sindicato de Isagén (Sinstraisagén) interpuso el martes acción de tutela contra el presidente Juan Manuel Santos en el Tribunal Administrativo de Antioquia.
La acción jurídica argumenta que hay "una grave amenaza al patrimonio público (financiero y ambiental)" y solicita la medida cautelar de que cesen los efectos derivados del decreto 1906 del 30 de julio pasado con que el Gobierno dio luz verde a vender su propiedad en Isagén.
Por último, ayer fue "inadmitida", mas no negada, la acción popular con que el expresidente Álvaro Uribe buscaba frenar la venta de la generadora. Sus abogados tienen tres días para hacerle los ajustes de forma requeridos y dar más soporte a las pruebas.
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