La discusión hemisférica, y planetaria por demás, sobre el problema de las drogas no se agota en un informe como el que acaba de entregar la Organización de Estados Americanos (OEA) al Presidente Juan Manuel Santos.
Sería iluso pensar que existen fórmulas mágicas y recetas para aplicar por decreto en el cambiante, complejo, polarizante y dañino mundo del tráfico de drogas, y los impactos sociales, económicos y políticos que sigue generando la cadena criminal asociada al narcotráfico, alimentada por los millones de adictos.
Lo que sí resulta sensato y urgente, tal como lo plantea la OEA, es abordar el tema desde un enfoque integral, sin extremismo ideológico ni mucho menos cartillas represivas.
El informe no sorprende por lo que dice, sino por lo que sugiere en términos de "erradicar" el discurso facilista de legalizar o despenalizar el consumo de drogas como única alternativa a la solución del problema de violencia, adicción, corrupción y desinstitucionalización en los países que sufren el flagelo.
El punto de convergencia de este estudio, además de responder a una petición hemisférica emanada de la Cumbre de Las Américas, realizada en Cartagena en 2012, radica en aceptar que la solución al problema de las drogas, desde el punto de vista del consumo, pasa por la atención al adicto como una persona enferma, y no como un criminal cuyo único destino es la cárcel o el cementerio.
Ese es el gran paso que debería darse, no sólo porque lo recomiende la OEA, sino por convicciones políticas y de salud pública. De ahí que no es bueno esperar a que los países del continente decidan firmar un acuerdo en ese sentido, sino agotar el escenario de "ruptura" que propone la OEA.
En otras palabras, que cada país, dependiendo de sus realidades y posibilidades, inicie el camino de cambiar el enfoque sobre el problema de las drogas. Eso sí, sobre bases científicas y médicas, con apoyo institucional, para que los adictos reciban un tratamiento integral y puedan reintegrarse a la sociedad.
Las cárceles no son el mejor centro de rehabilitación y, por el contrario, parte de la solución al tráfico de drogas, la violencia y la corrupción podría surgir de una legislación menos punitiva y más preventiva, no sólo en términos de salud, sino de disuasión del delito.
El esfuerzo interdisciplinario que comprometió al equipo de expertos contratado por la OEA debe ser un aliciente para seguir adelante en el desarrollo del debate y la puesta en marcha de las políticas que fuesen necesarias para resolver tan complejo tema.
De nada nos sirve un diagnóstico más, si no se actúa de inmediato.
El liderazgo que se asuma frente al problema de las drogas debe ser tan consistente como el desafío que los narcotraficantes le han planteado al mundo entero. No es hora tampoco de bajar la guardia frente a los carteles de la droga, el entramado criminal que los rodea, el lavado de activos y su capacidad de corrupción política.
Colombia, como víctima directa del narcotráfico, tiene la autoridad moral para demandar esa correspondencia. Pero no únicamente a través de cooperación militar que, aunque valiosa y necesaria no es suficiente, a tal punto que el presidente Obama optó por una vía más realista al darle, recientemente, un giro a la estrategia antidrogas de Estados Unidos.
En buena hora, la discusión está yendo más allá del debate entre despenalizar o legalizar. Por fortuna, se ha puesto al adicto en el corazón del problema y de la solución.
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