No resulta una coincidencia que en el caso de la finca Las Pavas, en el sur de Bolívar, donde se produjo un desalojo judicial de 123 familias campesinas en 2009, confluyan los intereses de sectores muy poderosos y las ligerezas de una justicia más mediática que ajustada a derecho.
No de otra forma pueden entenderse varios desatinos. Primero, de la propia fiscal del caso, Miriam Martínez Palomino, quien al precluir la investigación por un falso desplazamiento omitió las declaraciones de los campesinos afectados y solo tuvo en cuenta las versiones de los interesados en deslegitimarlos, usando incluso adjetivos como que eran "mentirosos y guerrilleros". Y peor, comparar el hecho con la masacre de Mapiripán, en la que resultaron indemnizadas varias familias de víctimas que no existieron.
El segundo, y quizás más grave, de la propia Fiscal General, Vivianne Morales, quien sin estudiar el expediente salió a hacer de caja de resonancia para tildar el caso de Las Pavas como un "falso desplazamiento" y un "montaje" para reclamar las tierras, desconociendo que nunca los reclamantes y sus apoderados hablaron de un desplazamiento, sino de un desalojo.
Y para completar la cadena de desaciertos, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se apresuró a comprometer la posición del Gobierno, al asegurar que "se están prefabricando víctimas del desplazamiento para interponer recursos y obtener millonarias indemnizaciones por parte del Estado".
De un tajo, la Justicia y el propio Gobierno, que son precisamente los llamados a respetar el debido proceso y garantizar la defensa de los afectados, descalificaron todo un proceso jurídico del que han hecho parte, entre otras instancias, la Corte Constitucional, la Procuraduría, el Incoder, un grupo de abogados de la Universidad Javeriana, el Plan de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y las Embajadas de Suiza y Reino Unido.
Ahora la Fiscal Morales dice que asumirá el proceso y viajará a la zona para recibir los testimonios que no quiso recibir su subalterna Martínez, mientras el Presidente Santos pide que no se estigmatice a las víctimas como parece lo hizo su Ministro, y cuando ya se ha hecho un daño a la honra y la trayectoria profesional de personas como el padre jesuita Francisco de Roux, de entidades como la Clínica Jurídica de la Javeriana, y de otros organismos internacionales que vienen acompañando la labor de los campesinos.
"Por sus obras los conoceréis", dice el Evangelio, y no hay que recabar mucho en la historia del Colombia para saber cómo ha sido la trayectoria del padre de Roux, los aportes que ha hecho a la paz del país, y la irrefutable ética que ha guiado sus actuaciones. Una ética que, sin duda, está por encima del poder político y económico que vuelve a aflorar en este caso de la Hacienda Las Pavas.
Ojalá, con la misma rapidez con que la Justicia obró para descalificar el proceso, el país conozca la verdad de lo que sucedió en Las Pavas, porque la realidad es que hasta ahora solo conocemos una parte, la que la fiscal de Bolívar vio a partir de los testimonios de unas personas interesadas en ocultar la otra parte.
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