Las negociaciones secretas que el gobierno colombiano está realizando con el gobierno de los Estados Unidos para instalar cinco bases militares en el territorio colombiano muestran, una vez más, que el país se ha puesto de espaldas a las nuevas tendencias de América Latina y del mundo.
El caso colombiano es tan extraño como triste. Tenemos el único conflicto armado del hemisferio occidental. También unas fuerzas políticas, un empresariado y un sindicalismo atado a costumbres de los años sesenta.
La ola de guerrillas que se extendió por América Latina en los años sesenta fue superada por todos los países, en algunos casos mediante la victoria militar de los Estados; en otros, a través de negociaciones de paz y en alguno -Nicaragua- por el triunfo de la insurgencia sandinista.
Acá no. Se han intentado negociaciones de paz, pero sólo se han obtenido algunos éxitos parciales, tanto con los insurgentes como con las autodefensas. Se han ensayado ofensivas militares y un escalamiento de la confrontación y con ello se ha logrado poner a la defensiva, temporalmente, a las guerrillas o a los paramilitares y se han disminuido sus fuerzas, pero su presencia ha persistido y sus acciones están lejos de desaparecer.
En la mayoría de los países de América Latina el viejo bipartidismo y las dictaduras militares han dado paso a la explosión de un pluralismo político y a una activa competencia entre una derecha civilista y una izquierda civilista. Aquí, en cambio, las viejas élites regionales con sus vinculaciones con la violencia y las mafias y con su inveterado clientelismo mantienen vivo un esquema político del pasado.
No se escapan de esta realidad las relaciones laborales. Ni los empresarios han dado el paso hacia un pacto general de empleo, salarios y seguridad social que refleje el fluido mundo económico contemporáneo, ni el sindicalismo se atreve a entrar en un proyecto de concertación del TLC, las garantías sindicales y la modernización del aparato productivo. Estas relaciones no superan el diálogo de sordos y la violencia que han sido los signos preponderantes desde los años sesenta.
Pero la militarización de la vida nacional es, quizás, el elemento que más nos ata a un pasado no muy lejano de América Latina y el que más nos pone en contravía a los nuevos aires de la región. Mientras en la mayoría de los países el presupuesto de defensa permanece estable o disminuye, en Colombia este rubro se ha multiplicado por tres desde el inicio del gobierno de Andrés Pastrana. Pasamos de 1.8 del PIB a cerca de 6 puntos del PIB en este campo. Así mismo duplicamos los miembros de la Fuerza Pública.
En esa misma línea se ubica el aumento de la presencia militar de los Estados Unidos en el país. El Plan Colombia hizo saltar la ayuda económica a un promedio de 700 millones de dólares por año y propició que el número de funcionarios de la embajada americana aumentara de 400 a más de 1.200.
La concesión del territorio para que Estados Unidos siembre bases militares a lo largo y ancho del territorio nacional será una verdadera zancada en la carrera de militarización que tenemos hace varios años. Con un agravante: esta presencia bélica no tiene como objetivo conjurar las amenazas internas del país, sino controlar amenazas a la seguridad de Estados Unidos que surjan en el territorio de los países vecinos.
Nada más contrario a la lógica en que se está moviendo la región. No sólo Panamá y Ecuador han logrado salir de los enclaves militares que Estados Unidos tenía en su territorio, el ambiente general que se respira en el Cono Sur y en Centroamérica no es favorable a la intensificación de relaciones militares con Washington.
Con la decisión de establecer plataformas militares de Estados Unidos en nuestro territorio aumentarán las desconfianzas de los vecinos frente al país y compraremos nuevos problemas y conflictos.
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