Durante cinco días, la Plaza de Bolívar ha estado inundada por miles de manifestantes que protestan por la decisión del procurador Alejandro Ordóñez de destituir al alcalde de Bogotá e inhabilitarlo para ejercer funciones públicas durante 15 años.
Los manifestantes acusan a Ordóñez de abusar de su autoridad al destituir a un funcionario elegido por voto popular y piden su renuncia.
Organizaciones internacionales, parlamentarios colombianos y extranjeros, periódicos, líderes políticos y hasta el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia han criticado la decisión.
Para algunos la pena parece desproporcionada en relación con los errores cometidos por el alcalde. Para otros, la decisión es arbitraria, arrogante y de trasfondo politiquero.
El proceso contra el alcalde comenzó cuando puso en marcha un nuevo sistema de aseo en Bogotá. Según el procurador, el alcalde "vulneró el principio de libertad de empresa y puso en riesgo el medio ambiente y la salud humana (sic) de los habitantes" ya que ordenó asignar la prestación de ese servicio a dos entidades públicas sin experiencia ni capacidad.
Soy de los que piensan que la destitución del alcalde es una medida desproporcionada, injusta y politiquera.
Desproporcionada, porque recibió una sanción más grave que quienes se robaron a Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno.
Injusta, porque el caos en el servicio de aseo que vivió Bogotá el 18 de diciembre del año pasado fue provocado por los operadores privados que venían prestando el servicio. Como dijo Emilio Tapia en una entrevista con El Espectador, hubo un complot contra el alcalde. Petro no quería que cuatro grupos empresariales se siguieran enriqueciendo con las basuras. "El alcalde fue destituido por impedir que a personas y empresas que hacían parte del carrusel de la contratación de las basuras se les entregaran 2,4 billones de pesos más por un periodo de siete años" prorrogando los contratos bajo el mismo esquema del anterior alcalde, Samuel Moreno.
Ellos conocían las normas ambientales de la ciudad y del mercado que manejaban y sabían que en Bogotá no existía una empresa distinta a las suyas con el número de camiones de estas características necesarios para atender ese servicio.
Así lo asegura el abogado Daniel Prado: "El complot consistía en que los vehículos de recolección de basuras entraran a mantenimiento a partir del 18 de diciembre de 2012, en los días en los que se puso en marcha el nuevo modelo del servicio de aseo. No era fácil para el alcalde buscar 700 vehículos recolectores de un día para otro. Al alcalde lo pusieron contra la pared".
Lo mismo piensa el abogado Manuel Sánchez: "La estrategia promovida por los operadores privados que manejaban el negocio de basura pretendía generar un caos sanitario y al mismo tiempo que se liderara una investigación en la Procuraduría para lograr el objetivo, hoy cumplido, de la destitución del alcalde. La verdad fue que se armó una tramoya para sacar de la administración a quien se atrevió a denunciar el carrusel".
La medida del procurador, en mi opinión, también fue politiquera: descabezó a uno de los líderes más visibles de la oposición civil, exhibió otra vez su poder desmesurado, provocó un estallido de ira popular en la capital y puso un torpedo en las conversaciones de paz del gobierno con las Farc que él tanto repudia. Finalmente hizo lo que en el billar llaman una carambola a cuatro bandas.
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