Le corresponde al Presidente Juan Manuel Santos hacer gala de sus más excelsas dotes de estadista, ante el fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efectos jurídicos el acuerdo suscrito en 2009 entre Colombia y Estados Unidos, sobre cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad, hasta tanto sea aprobado por el Congreso de la República.
Y no es fácil la tarea, ya que la coyuntura del país demanda un complejo equilibrio entre la política exterior y la implementación de convenios e instrumentos que permitan una lucha efectiva contra el narcotráfico y el terrorismo.
Hay que recordar que en el momento de la discusión del acuerdo se hizo claridad en puntos esenciales: el convenio estaría regido por el principio de la corresponsabilidad internacional; no se trataría de un pacto nuevo, sino de un acuerdo simplificado, y por ello no habría que llevarlo al Congreso; se trataba de la profundización de otros vigentes, para recoger compromisos bilaterales y multilaterales de los últimos cincuenta años; no habría bases militares extranjeras en el territorio nacional; se mantendría la presencia de hasta 800 militares y 600 contratistas de Estados Unidos en las bases, conforme al último convenio de 1974; el monopolio de las armas estaría a cargo de Colombia; y el país tendría acceso a información de inteligencia, en tiempo real.
Este acuerdo suscitó fuertes polémicas y polarización, tanto en el ámbito nacional como internacional. Para algunos se vio como un "gana-gana". Para otros, en especial para Venezuela y varios de los países que integran Unasur, se consideró como la posibilidad que se le abría a Estados Unidos de orquestar operaciones contra terceros países. Una falaz especulación que logró el inmenso daño de molestar gravemente a varios de nuestros vecinos y causar rupturas comerciales y diplomáticas.
No obstante que con la sentencia la ayuda de Estados Unidos a Colombia no se afecta, ya que continúan vigentes los convenios anteriores, hay que analizar el acuerdo a la luz de lo ordenado por la Corte, ya que ésta consideró que no se está en presencia de un acuerdo simplificado sino "ante un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano y una extensión de las adquiridas con anterioridad. Y por tanto no se podrá aplicar hasta que el Congreso estudie, debata, vote y apruebe cada uno de los beneficios del proyecto".
Más allá de si se está de acuerdo con la Corte, lo que debe decidir el Presidente Santos es la conveniencia o no de insistir en el convenio tal como está celebrado, y someterlo así al Congreso, donde no es seguro que se apruebe, dado que la agenda estará copada con los 14 proyectos de ley que presentará el Gobierno. O negociarlo con Estados Unidos y "acordar unas normas, inclusive más ambiciosas", también con el inconveniente de la autorización de su Congreso, donde Colombia no es prioridad. O continuar con los acuerdos vigentes, hasta ahora efectivos.
Los presidentes Santos y Chávez doblaron la página para mirar hacia el futuro. Insistir en el acuerdo puede ser perjudicial en las relaciones binacionales. Pero al mismo tiempo no puede soslayarse el hecho de que la mayoría de los colombianos y buena parte de la región, recordemos a Brasil, y el mundo, exigen una estrategia frontal y eficaz contra el narcotráfico y el terrorismo.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
