El allanamiento del jueves en la noche de la quinta Las Cerraduras, en Caracas, de propiedad del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, es un nuevo ingrediente que se suma a la presión sobre el canal opositor que queda en señal abierta.
Esa noche se realizó un operativo, encabezado por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Wilmer Flores, al que también asistieron guardias nacionales y funcionarios de otros entes de control, para aclarar qué hacían 26 vehículos en un lugar que no es considerado un concesionario.
Zuloaga aclaró a través del propio canal Globovisión, que allí funcionan las oficinas de Toyosan y Toyoclub, y que los vehículos estaban allí para ser entregados a algunos clientes, porque necesitaban reparaciones y otros más por seguridad, ya que han sufrido varios robos recientemente. Aseguró que todos los documentos están en regla.
Especialistas en temas de comunicaciones y derechos humanos consultados por EL COLOMBIANO coincidieron en que el gobierno utiliza todos los mecanismos que tiene a su disposición para sacar del medio a quienes considera que están en abierto enfrentamiento a la revolución socialista.
Mariana Bacalao, comunicadora social especialista en opinión pública, dijo que se está reeditando lo sucedido con el canal privado Rctv, al cual hace dos años no se le renovó su concesión de señal abierta, en una decisión que varios abogados consideran arbitraria, y el cual ahora sólo se puede ver por cable.
La profesora Bacalao sostiene que ahora la ley se utiliza de manera discrecional afectando a quienes no están con la revolución y que con el paso de los días el Gobierno se "quita la máscara" y está dispuesto a castigar la disidencia, enviando un mensaje a todos los que hacen crítica.
No hay cierre, por ahora
El profesor y miembro de Reporteros sin Fronteras, Andrés Cañizález, no cree que el canal se vaya a cerrar ahora, pero no descarta sanciones temporales y presión sobre sus periodistas para hacerles más difícil su labor. En su opinión se adelanta una guerra de baja intensidad contra la disidencia y cualquier medida será un mensaje para todos los medios de comunicación.
Desde el exterior también se escuchan pronunciamientos de preocupación por lo que pueda suceder con el canal Globovisión y sus directivos y trabajadores.
Human Rights Watch, insistió en que el gobierno del presidente Hugo Chávez "debe poner fin inmediatamente a la persecución de un canal de televisión privado crítico" y pidió clausurar la "injustificada investigación" al referirse a la apertura de un procedimiento por haber informado sobre un sismo antes de un reporte oficial.
Igualmente, los relatores para la libertad de expresión y opinión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitieron un comunicado en el cual manifiestan su preocupación por las declaraciones de autoridades del gobierno contra Globovisión.
Señalan que las autoridades deben entender que en una democracia la crítica, la oposición y la contradicción deben ser toleradas como condición del principio de pluralismo, "protegido por la libertad de expresión".
Por su parte,el presidente Hugo Chávez se refirió al tema y dijo que "allanaron una casa de un ricachón que está llena de vehículos de lujo".
El Presidente agregó que si se tienen más de 20 vehículos nuevos se debe explicar "porqué esos carros están ahí" y señaló que tras esa situación "la oligarquía amaneció endemoniada".
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