Familia denuncia la detención arbitraria en Venezuela de Wladyslav Aguirre, presuntamente torturado, sin cargos claros y sin respuestas del Gobierno.
Se estima que en Venezuela el número de presos políticos asciende a 887, según las cifras más recientes de la ONG Foro Penal. Si bien algunos son reconocidos opositores al régimen de Nicolás Maduro y padecen con creces la persecución y el hostigamiento por atreverse a pensar distinto o cuestionar al Gobierno, otros son ciudadanos comunes y corrientes que siguen sin entender cómo, arbitrariamente, terminaron en una celda en el vecino país.
Se trata de personas señaladas, sin más, de delitos de toda índole, pero fundamentalmente de querer atentar contra Maduro. Por ello, en su gran mayoría, terminan detenidos sin pruebas y con señalamientos por sospecha o desconfianza, mas no por una acusación formal. Justo en ese ramillete se encuentran varios ciudadanos colombianos, quienes en el último año han vivido en carne propia los abusos y atropellos del régimen.
Aunque el Gobierno de Gustavo Petro hoy saca pecho por la liberación de 17 de ellos en octubre pasado, lo cierto es que los casos de retenciones ilegales contra connacionales en el vecino país no cesan y siguen ocurriendo. Sumado a la denuncia por la detención días atrás del mayor del Ejército Miguel Ángel Acosta Romero, este diario pudo conocer que desde hace semanas también habría sido capturado y recluido de forma irregular un firmante de paz.
Se trata de Wladyslav Aguirre Rodríguez, conocido con el alias de Rafael Médico y quien otrora hizo parte de las extintas Farc. Sin embargo, tras el Acuerdo de Paz de 2017, Aguirre se consolidó como uno de los líderes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Filipinas, ubicado en inmediaciones al municipio de Tame (Arauca).
Según sus familiares, por cuenta de su profesión, accedió a una serie de cursos y formación virtual en la Universidad Central de Venezuela y, tras su culminación, pidió desplazarse al vecino país para participar en la graduación. Si bien arribó a Caracas desde el pasado 9 de octubre, sus allegados denuncian que no tuvieron más contacto con él y días después pudieron establecer que estaba retenido por las autoridades del vecino país.
“El día 6 de noviembre de 2025, se recibieron varios audios remitidos desde territorio venezolano, en los cuales se menciona que él y su compañero, Jeison Alexander Gómez Moreno, se encontrarían privados de la libertad en el centro de reclusión Yare III, ubicado en Valles del Tuy, Estado Miranda, Venezuela, específicamente en el Módulo 1”, narraron en una carta las hermanas de Aguirre.
En ella, buscando respuestas y tocando las puertas de diversas autoridades, las familiares reclamaron además que, al parecer, ambos habrían sido víctimas de tortura y que su estado de salud es delicado.
“Wladyslav presenta costillas fracturadas y un pulmón perforado, al igual que su compañero de reclusión. De igual manera, se indica que no se les ha permitido el acceso a abogados particulares, siendo asistidos únicamente por defensores de oficio, y que no se les ha autorizado mantener comunicación directa con sus familiares. Se presume que las breves comunicaciones que se han obtenido provienen de un teléfono facilitado temporalmente dentro del centro de reclusión”, precisan.
Advirtiendo que su condición física y médica es crítica, la familia de Wladyslav Aguirre alerta que “no se ha podido establecer el motivo ni las circunstancias de su captura; sin embargo, el contenido de los audios y la información recibida permiten inferir su situación de vulnerabilidad y riesgo para su integridad”.
Edwin Miranda, sobrino de Aguirre, destacó que su tío es un reconocido líder social que, concluido el proceso de paz, se enfocó en facilitar la reintegración a la vida de muchos excombatientes y que además ha impulsado varios proyectos productivos en favor de esta población en frentes como la vivienda o la salud.
No obstante, reclama que no ha obtenido respuestas del Gobierno y que incluso hay alerta por medidas que pueda tomar la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), teniendo en cuenta que Aguirre está acogido a ese tribunal de paz y pidió permiso para ausentarse del país, el cual venció el pasado 19 de octubre. “Ya se habla de que le van a abrir un disciplinario”, dice.
Según Miranda, contra su tío no hay una imputación ni una acusación formal, razón por la cual no se explica su detención. “Es un preso político. No está bajo ninguna tipificación de algún delito. Supimos que le dijeron que supuestamente estaba transportando droga, pero es mentira. Le dijeron que hablara de eso para que lo dejaran de torturar”.
Aunque la familia ha buscado respuestas y ayuda por parte de entes como el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Agencia Nacional de Reincorporación, no hay resultados. Este diario se comunicó con el viceministro Mauricio Jaramillo; sin embargo, no tuvo respuesta.
Por ahora, la familia Aguirre solo tiene una comunicación de la Cancillería en la que les notifican que siguen “realizando las averiguaciones por diversos canales a fin de establecer la ubicación del connacional”.
Por casos de este calibre, el pasado viernes familiares de otros pesos colombianos en Venezuela protestaron en el Puente Internacional Simón Bolívar en búsqueda de respuestas ante el silencio institucional. En paralelo, se conoció de la detención y posterior liberación de un oficial del Ejército colombiano en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.
Por fortuna, en este caso hubo un final feliz, pero decenas de familias no corren con la misma suerte y hoy ruegan por el fin de la incertidumbre. Todo ello, en medio de las crecientes tensiones entre Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a lo que se suma el inicio de la temporada decembrina y el arranque formal de los procesos electorales en Colombia. ¿Persistirá el desasosiego para familias como la de Wladyslav Aguirre en 2026?
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