"Considero altamente conveniente el despliegue inmediato de una misión de observación que acompañe el proceso conducente a los comicios de abril de 2013 y facilite el diálogo político", afirmó Insulza durante la presentación del informe de su visita al país sudamericano la pasada semana, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
"Algunos países ya han adoptado medidas contra el Gobierno de Paraguay, y han propuesto suspenderlo. (...) Estimo que la adopción por parte de la OEA de una medida similar no contribuiría a alcanzar nuestros objetivos, y conllevaría altas implicaciones económicas para el país", señaló.
El titular de la OEA subrayó este martes que en Paraguay "existe una situación de normalidad política, social y económica que es conveniente preservar", y que quedaría afectada por una suspensión "dado el impacto directo de la decisión en otras instituciones del sistema interamericano y en la vida económica del país".
En cambio, apoyó la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria para que los cancilleres del continente examinen la crisis, lo que "podría permitir la búsqueda de salidas constructivas en tanto se tenga presente que el punto de unión de todos los países miembros es el fortalecimiento de la democracia en Paraguay".
"Más que impulsar sanciones, deberíamos unirnos en torno a un enfoque que privilegie el apoyo de la organización para la realización de diálogos con visión de mediano y largo plazo y que involucren a los actores políticos paraguayos en la superación de la situación actual", indicó.
Insulza recordó que los abogados del expresidente Lugo han expresado su intención de llevar su recurso de inconstitucionalidad por la destitución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la CorteIDH, dos organismos autónomos de la OEA.
"Si estos órganos fueran requeridos, esperamos que puedan expedirse en esta materia de la manera más rápida posible", explicó, y recordó que antes de ese paso debe cerrarse el proceso en la Corte Suprema de Paraguay.
El responsable de la OEA consideró que las decisiones que tome el organismo deben permitir que se cumplan tres objetivos: "llevar a término el proceso judicial, fortalecer la gobernabilidad de Paraguay en el período de transición hacia las elecciones de 2013 y asegurar un proceso electoral participativo y transparente".
Insulza había señalado, al comienzo de su intervención, que las conclusiones de su informe fueron elaboradas por él y bajo su "propia responsabilidad", sin perjuicio de las decisiones que puedan tomar los Estados miembros durante la reunión.
Finalmente, consideró que el juicio político contra Lugo fue "conforme al procedimiento constitucional" si bien "es natural que haya provocado reacciones muy negativas" entre los Estados y por ello debe "examinarse de manera cuidadosa".
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