Empresas destinaron $19 billones a inversión social y ambiental en 2025, aunque el gasto social cayó y el ambiental siguió creciendo.
Las principales empresas de Colombia destinaron cerca de $19 billones a iniciativas de desarrollo sostenible durante 2025. De ese total, aproximadamente $10 billones correspondieron a inversión ambiental y $9 billones a inversión social, según los resultados de la décima edición del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE), el mayor estudio de este tipo realizado en el país.
La medición fue presentada en la quinta Cumbre de Inversión Social Ambiental Privada, en Bogotá, y reúne información de 318 empresas pertenecientes a 15 sectores económicos, cuyas ventas equivalen al 36% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano y que generan más de 8 millones de empleos directos.
El estudio fue desarrollado por Arteaga Latam con el apoyo de la Universidad de los Andes, ProAntioquia, ProBarranquilla, ProBogotá, Prorinoquia, ProPacífico y ProSantander.
El principal hallazgo del informe muestra un cambio en la forma como las empresas están destinando sus recursos. Mientras la inversión ambiental aumentó 45% frente a 2022, la inversión social retrocedió 16% en el mismo periodo.
Solo entre 2024 y 2025, la inversión ambiental registró un crecimiento de 13%, mientras que la social disminuyó 3%, lo que confirma que ambas tendencias se mantienen.
El estudio también evidencia diferencias en el origen de los recursos destinados a sostenibilidad. En el caso de la inversión social, el 81% corresponde a iniciativas voluntarias de las empresas y únicamente el 19% responde a obligaciones legales.
Por el contrario, en materia ambiental, el 58% de los recursos está asociado al cumplimiento de normas, mientras que el 42% restante es voluntario.
Los recursos destinados a inversión social se concentraron principalmente en programas de desarrollo socioeconómico, educación e investigación, desarrollo rural, deporte y recreación. En el componente ambiental, las prioridades fueron la gestión del recurso hídrico, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las iniciativas de economía circular.
Aunque la inversión ambiental representó el mayor monto de recursos, la inversión social alcanzó una cobertura territorial mucho más amplia.
Durante 2025, los programas sociales llegaron al 98% de los municipios del país, mientras que las iniciativas ambientales tuvieron presencia en 64% de los municipios.
El informe también destaca que las empresas destinaron $482.000 millones a inversión social en municipios PDET, priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Sin embargo, apenas el 15% de las compañías participantes dirigió recursos hacia estas zonas afectadas por el conflicto armado.
El IISAE también analizó el impacto económico de las empresas sobre sus cadenas de abastecimiento. Las 318 compañías evaluadas trabajan con más de un millón de proveedores. Durante 2025, el 84% de las compras se realizó a proveedores nacionales y el 65% a proveedores locales ubicados en las zonas donde estas empresas tienen operaciones relevantes.
Persisten desafíos en equidad de género, diversidad y medición de resultados
El informe identifica varios aspectos en los que el avance empresarial continúa siendo limitado. En materia de equidad de género, la participación femenina en cargos directivos pasó de 33% en 2019 a 37% en 2025, un incremento de apenas cuatro puntos porcentuales en seis años. Los sectores con mejores resultados fueron salud, cajas de compensación, financiero, educación superior, servicios y comercio, mientras que industria, transporte y logística, servicios públicos y minería presentan los mayores rezagos.
Respecto a diversidad e inclusión, el 82% de las empresas cuenta con políticas para prevenir la discriminación, pero solo el 65% las ha socializado y apenas el 41% dispone de mecanismos para evaluar su implementación. Los grupos con menor cobertura son la población LGBTIQ+, presente en el 67% de estas políticas, y las personas en proceso de reintegración o víctimas del conflicto armado, con apenas un 23%.
Otro de los desafíos identificados es la evaluación del impacto de las inversiones. Solo el 36% de las empresas midió los resultados de sus inversiones sociales y ambientales durante 2025, mientras que únicamente el 16% calculó el retorno social de la inversión (SROI), cifras inferiores a las registradas el año anterior. El estudio advierte que la medición del impacto será uno de los principales retos para el sector empresarial en los próximos años.
Además, el informe señala una reducción en las iniciativas ejecutadas en alianza con el sector público y las comunidades, tras varios años de crecimiento sostenido. También destaca que el estándar Global Reporting Initiative (GRI) sigue siendo el más utilizado para reportes de sostenibilidad y que el 87% de las empresas adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como guía de gestión.
Sin embargo, solo el 38% cuenta con un centro de costos exclusivo para inversiones ambientales y el uso de certificaciones ambientales continúa siendo bajo.
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