Una vez más, el completo informe publicado en este diario el domingo pasado pone de relieve que la pesadilla de la extorsión, el chantaje y el boleteo tiene a buena parte de esta ciudad sometida a la coacción de bandas que viven de cobrar ilegalmente a todos los componentes de la cadena productiva y del comercio en general.
El mapa delincuencial en el Valle de Aburrá indica que la "privatización criminal" alcanza buena parte de las comunas y barrios de los municipios que lo integran, y que pocos sectores se salvan de la larga mano de quienes nunca han estado dispuestos a trabajar o a educarse, para dedicarse más bien al delito y a expoliar el trabajo legítimo del prójimo.
Ya no es sólo el cobro al tendero, al comerciante, al distribuidor de alimentos. Es también la imposición forzada de zonas reservadas únicamente al monopolio "comercial" de los miembros de esas bandas, que con las pistolas sobre la mesa les dicen a las empresas legales dónde tienen que dejar espacios para que sus "muchachos" sean los que vendan mercancía en esos territorios.
La agremiación de comerciantes cifra en 40 mil millones de pesos al año el monto que la delincuencia extrae mediante vacunas , sólo a los pequeños negocios. Suma que, a la larga, sale del bolsillo de los resignados vecinos que compran sus elementos para el diario vivir en la tienda de la esquina, y que tienen que pagar la inevitable subida de precios ante la obligación de responder a los feroces cobradores de la extorsión.
Las autoridades policiales insisten, una y otra vez, en la necesidad de que la gente denuncie a quienes los chantajean. Ese es un deber ciudadano natural y obvio. Pero que en la difícil realidad del vecindario, circundado por miembros de las bandas, adquiere una dificultad dramática. Ante la deficiente administración de justicia, la posibilidad de tener al denunciado en la puerta de la tienda sólo horas después de haberlo reportado a las autoridades, disuade cualquier intento por denunciar el delito.
Los grupos interdisciplinarios de las distintas fuerzas de seguridad, con participación activa de la inteligencia policial, deben actuar con mayor eficacia para investigar esas redes criminales en su raíz y proceder bajo las actuales normas de seguridad ciudadana, sin esperar siempre a que sea el tendero o el chofer de bus quien tome la iniciativa mediante su denuncia. Mientras la gente no sienta confianza en que estará segura, no se animará a denunciar y preferirá pagar el dinero que le exijan sus verdugos.
Hace algunos meses, destacábamos en este mismo espacio la campaña de las autoridades (las líneas 165 de la Policía, y la 153 del DAS) para combatir esta clase de delitos, confiando en el papel activo de la ciudadanía en su cooperación para derrotar el flagelo. Siempre será preferible acudir a la autoridad para el control del delito, antes que patrocinar, mediante el pago, la supuesta y falsa "vigilancia privada" por la cual cobran los vacunadores . No nos podemos resignar a vivir en ciudades y pueblos bajo extorsión ni sometidos a un chantaje permanente.
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