De "grave, crítica y profundamente preocupante, a pesar del reconocimiento Constitucional de sus derechos", calificó el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas la situación por la que atraviesan estos pueblos en Colombia.
Esta es una de las varias conclusiones que entregaron las directivas del Foro en rueda de prensa la semana pasada, en las instalaciones de la Oficina de Información de las Naciones Unidas en Bogotá, tras culminar una visita al país por invitación del gobierno nacional para conocer la situación por la que atraviesan las comunidades indígenas en el territorio nacional. Luego de entrevistarse con el ministro del Interior y varios altos funcionarios de otros ministerios, con la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y autoridades locales, además de visitar en terreno a diversos grupos indígenas y reunirse con líderes de las diferentes organizaciones en el país, las conclusiones preliminares de su visita no podrían ser más desalentadoras.
Carlos Mamani Condori, presidente del Foro, hizo mención a que uno de los factores que afecta los derechos humanos de los pueblos indígenas es el conflicto armado. Afirmó que "esto se debe al control por el territorio indígena y ese control, como hemos dicho, obedece a la necesidad de llevar adelante actividades ilícitas como cultivos de narcóticos, pero también por actividades lícitas, como por ejemplo, la siembra de palma africana".
En sus recorridos por el país, Mamani y los demás miembros del Foro encontraron que el control por las tierras de los indígenas también se ha efectuado desde la industria extractiva de petróleo, la industria minera, las empresas que explotan los recursos forestales y los megaproyectos, situación que ya había sido alertada en los informes de los relatores especiales para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen y James Anaya, quienes visitaron el país en años pasados. Según Mamani el Gobierno nacional, a pesar de los esfuerzos que ha realizado y su voluntad de diálogo, no ha cumplido con las recomendaciones hechas por los relatores con el fin de defender a los pueblos indígenas.
En su misión de observación, los miembros del Foro encontraron claras evidencias de asesinatos, secuestros, desplazamiento interno, confinamiento y reclutamiento forzado de menores, entre otras graves violaciones a los derechos humanos de los indígenas, situaciones que los ponen en alto riesgo de vulnerabilidad.
Sus conclusiones son coincidentes con el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, que ordena al gobierno nacional establecer planes de salvaguarda para 32 grupos étnicos en riesgo de extinción. Solo basta con entender que de los 87 grupos indígenas reconocidos por el Estado, 13 cuentan hoy en día con una población menor a 500 individuos; 9 tienen una población menor a 200 habitantes y 10 de estos pueblos tienen menos de 100 individuos.
El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo registró en 2008 diferentes casos de amenaza a 51 pueblos en 14 departamentos, sin embargo las acciones para contrarrestarlas nunca fueron puestas en marcha por las entidades competentes.
Para los miembros del Foro existe la esperanza de que "el nuevo Gobierno pueda tener la suficiente fuerza y sensibilidad para avanzar en el tratamiento de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, que se debe al encuentro de visiones diferentes".
Ojalá así sea. Colombia, país multicultural y pluricultural, debe hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance para corregir y revertir la difícil situación por la que atraviesan nuestros compatriotas indígenas, garantizar el respeto a sus derechos y la sobrevivencia física de sus culturas. Ser observados por la comunidad internacional como un país que no hace mucho para evitar la extinción anunciada nos debe avergonzar a todos como ciudadanos.
*Ex ministro del Medio Ambiente
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