Respetando la decisión del Juez de Control de Garantías de Bogotá, pero manifestando su preocupación, se pronunció el Gobierno a través de los ministerios del Interior, Justicia y Defensa, y del Comando General de las Fuerzas Militares, sobre la libertad concedida a los siete supuestos miembros de Farc capturados en febrero de 2009 en el Páramo de Sumapaz.
"El Gobierno Nacional, respeta y acata las decisiones de los jueces de la República, sin embargo y sin perjuicio de dicho respeto y acatamiento, quiere expresar su más honda preocupación respecto a la decisión tomada por el juzgado 21 penal municipal con función de garantías, consistente en otorgar la libertad a siete personas imputadas por los delitos de rebelión, concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio, quienes fueron capturadas en febrero de 2009 junto con Bernardo Mosquera Machado, alias el "Negro Antonio", cabecilla del Frente Antonio Nariño de las Farc, que operaba en el Páramo de Sumapaz", cita el comunicado.
Ricardo Enrique Toscano Petro, Jeison Andrés Lozano Muñoz, Leandro Rocha Briñez, Camilo López Castrillón, Marlín Ramírez Romero, Érica Lizet Murillo, y Juan Efraín Mendoza Gamba, dirigente de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria, Fensuagro, fueron capturados junto a alias "Negro Antonio", y la Fiscalía les imputó los delitos de rebelión, concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio, pero el Juez de Control de Garantías de Bogotá les concedió la libertad luego de que la defensa indicara que desde que la Fiscalía presentó el escrito de acusación, habían pasado 180 días sin que se iniciara el juicio, teniendo en cuenta que "según el Código Penal, el juez tiene 90 días para iniciar el juicio público una vez la Fiscalía haya presentado el escrito de acusación", señaló la defensa.
El Gobierno insta la Fiscalía General de la Nación y al juez de conocimiento del proceso contra los siete capturados hoy en libertad, "aportar todo su concurso y diligencia para establecer la responsabilidad penal de estas personas, que ya fueron acusadas por el mismo ente investigador por los delitos mencionados y por su pertenencia a las Farc".
Asimismo, indica que la Fuerza Pública estará atenta a la conducta de las personas cuya libertad ha sido ordenada, y estarán atentas a prestar toda la colaboración necesaria una vez las autoridades judiciales ordenen la recaptura de estas personas, para que ésta se lleve a cabo con eficacia y celeridad.
Junto al zar del secuestro
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León mediante carta enviada al Consejo Superior de la Judicatura el pasado miércoles, le solicita explicaciones frente a esta determinación.
"Creemos, honorables magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, que este golpe a la moral de las tropas debe ser sanado con una investigación y una explicación que despeje dudas sobre cualquier actuación de quienes, con su acción u omisión, ocasionaron la medida judicial", dice la carta de Padilla.
Recordó que las siete capturas se registraron luego de intensos combates entre efectivos militares y las Farc. Además murieron diez hombres de esta guerrilla y se propinó un golpe a sus finanzas, al desarticular una de las estructuras que más secuestros extorsivos perpetraba.
Según el General, tal grupo estaba al mando de alias "Negro Antonio", quien también fue capturado en esa operación y quien es considerado el zar del secuestro, pues está relacionado con la comisión de más de 100 plagios. En su contra están vigentes 33 órdenes de captura.
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