Aunque voces del Gobierno, coma la del Ministro del Interior, Fernando Carrillo, han dicho que con el fuero militar se da seguridad jurídica a policías y militares, defensores de los Derechos Humanos y congresistas han manifestado su rechazo a la reforma que está a un debate de ser Ley.
El congresista Iván Cepeda señaló que el Fuero Militar es "un gravísimo retroceso en materia de Derechos Humanos, es reglamentar una reforma constitucional que conduce a la impunidad, crímenes de guerra, de lesa humanidad, violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario".
Cepeda coincidió con las advertencias que ya hizó la ONG Human Right Watch (HRW) y, también, las Naciones Unidas.
Luis Guillermo Pérez, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, afirmó que con este acto legislativo se invierten los principios del DIH, que se basan en la protección de los civiles y en permitir condiciones para una salida negociada a cualquier conflicto.
"Se les da a las Fuerzas Militares la libertad de actuar en contravía del DIH. Lo que está escrito es que como principio esencial se debe capturar en lugar de herir... Aquí se pretende dejar las puertas abiertas a los militares para que maten a cualqueir persona con la excusa del conflicto armado", dijo el abogado.
Abogado y congresista creen que de esta manera se le darán gavelas a las fuerzas militares que dejan mal parado al Estado colombiano ante la justicia internacional, sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, destacó la importancia del avance del Fuero en el Senado: "Yo creo que las Fuerzas Militares necesitan confianza y seguridad jurídica, además de que no haya impunidad en los ‘falsos positivos’ y ese es el propósito del Gobierno Nacional con este proyecto de ley que reglamenta el Acto Legislativo del Fuero Penal Militar".
Y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que esta es una muestra de seguridad jurídica para soldados y policías: "Lo que ha ocurrido hoy aquí no solo es un respaldo al presidente Juan Manuel Santos, también lo es a las fuerzas militares y a la policía, que son ellos los que permiten que este Estado se desarrolle".
Los peros
Luis Guillermo Pérez tiene varias objeciones al proyecto, entre ellas que se "establece un tribunal especial de garantías para la Fuerza Pública que está por encima de las demás instituciones judiciales del país, con facultades como las del Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia. Esto es un despropósito absoluto en un país donde el 97 por ciento de los crímenes de guerra quedan en la impunidad".
En este sentido también se refirió el congresista Iván Cepeda, quien aseguró que uno de los puntos más polémicos de la reforma es que se "beneficia" a los altos mandos sobre la tropa: "Es muy mínima la posibilidad de que un oficial pueda ser acusado por un tribunal ordinario".
Pérez y Cepeda coinciden en que los casos de ejecuciones extrajudiciales, "falsos positivos", quedarán en un limbo jurídico: "Serán juzgados por la justicia penal militar. La gravedad de este punto —dice Cepeda— es que tendría un efecto retroactivo y todos los procesos que se han adelantado irán a las instancias militares".
El senador Juan Carlos Vélez, ponente de la propuesta, por su parte, destacó de esta reforma, que impediría la impunidad, que "no hay una dependencia jerárquica en la justicia penal militar. Otra cosa, los soldados ahora tienen una posibilidad de contar con un buen abogado".
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