La Corte Constitucional aceptó una demanda en contra de la disposición del Código Disciplinario Único que le permite al Procurador General de la Nación inhabilitar y destituir a funcionarios públicos, incluidos los que fueron elegidos por voto popular.
El despacho que magistrado Mauricio González Cuervo aceptó el estudio que instauró Nixon Torres quien busca que se declaren inexequibles algunos apartes de la Ley 734 de 2002 por considerar que vulnera a la Constitución.
La Corte ofició al presidente del Congreso “para que si lo considera conveniente intervenga directamente, o por intermedio de su apoderado escogido para el efecto”.
Igualmente, se invitó a participar en este debate al Presidente de la República y al Ministro de Justicia, al igual que a los magistrados del Consejo de Estado.
Como procedimiento normal en este tipo de demandas la Procuraduría General de la Nación deberá rendir concepto en el proceso sobre su propia competencia para disciplinar funcionarios públicos.
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