Hace unos meses, una encuesta revelaba que 8 de cada 10 españoles veía con desconfianza y consideraba corrupta a la clase política de turno. Pero pensemos: ¿qué pasaría si hoy nos preguntasen lo mismo a los colombianos?
Los resultados seguramente no serían muy diversos, y me atrevería a decir que más bien peores. En efecto, los bochornosos escándalos por peculado, malversaciones, prevaricaciones, celebración ilícita de contratos que sacuden hoy nuestra "cosa (olla) política" no son para menos. Es lamentable que en su acepción más popular y extendida la palabra "política", y todo cuanto a ella se refiere, indique una realidad negativa para el común de los ciudadanos.
Lo más curioso es que no se trata de una cuestión nueva ni mucho menos desconocida para los colombianos. Al contrario, parece ser ya parte de nuestra idiosincrasia y cultura. Y nos hemos familiarizado de tal manera con esta forma de hacer política que ya ni nos sorprenden o admiran estos hechos.
La honestidad y rectitud en el gobierno y manejo de las cosas públicas se han convertido en cambio en la excepción. Se ha impuesto un tipo de política o de políticos a los que sólo interesa el bien propio, la imagen, el progreso personal o al máximo familiar. Se trata de un modo de "hacer política" donde todos buscan posiciones o posesiones, servirse del pueblo antes que servir al pueblo.
¡Pero ojo! Política no es ni puede ser sinónimo de corrupción. La nación, el Estado, el Gobierno, o como se le quiera llamar, son punto de referencia y el motor de toda la vida cívica y comunitaria. El Estado no es un accesorio de nuestra condición de personas que se añade o se quita por voluntad propia, es algo en cambio que se nos impone automáticamente. Y por eso no podemos estar indiferentes ante él.
Aristóteles defendía la necesidad del Estado, después de la familia, como una realidad natural y fundamental para el mantenimiento de la armonía en la vida social humana, y definía al mismo hombre como un "animal político". Señalaba además como misión esencial de la política el deber de velar por el bien común, realizado en la aplicación de una justicia real, conmutativa, legal y distributiva, capaz de ofrecer oportunidades de progreso y desarrollo humano para todos y en todos los niveles de la convivencia social.
El reto, por tanto, para las nuevas generaciones es romper con esta cultura política depravada y depravante que nos envuelve. El camino sin duda será largo y doloroso, pero los primeros pasos ya se están dando. Los instrumentos jurídico-legales ya están dados, sólo necesitan de personas valientes y decididas que los pongan en operación. Y el hecho que se destapen todas estas ollas es ya la primera y obligada consecuencia de ello.
Una nueva cultura social y política que transparente honestidad, legalidad y rectitud necesita de la participación de todos y cada uno de nosotros. Pues no tenemos derecho a exigir si primero no estamos dispuestos a aportar.
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