La voluntad que ha tenido la mayoría de la sociedad española y casi todos sus gobiernos para no dejarse apabullar por el bárbaro terrorismo de ETA ha sido admirable.
Ha sido una resistencia activa, constante, irreductible, explícita, que combinada con una eficaz acción policial, llevó a que, hace dos años, esa banda terrorista se diera cuenta de su derrota política y social, y anunciara el cese de su actividad criminal.
No fue todo tan ejemplar siempre, por supuesto. Dos gobiernos de la etapa democrática española, posterior a 1975, promovieron o toleraron grupos parapoliciales que pretendieron luchar contra el terrorismo saltándose la normatividad y los principios del Estado de Derecho. Pero la opinión pública -con un papel relevante de la prensa- la oposición política y la justicia no dejaron que esa anómala actividad ilegal se quedara enterrada en las "alcantarillas de la lucha antiterrorista", como la denominó el entonces presidente Felipe González, y la cuestión de los GAL (Grupo Antiterrorista de Liberación) fue investigada y juzgada.
De allí nació un acuerdo, si bien no unánime, sí mayoritario, para poner todas las herramientas del Estado, democrática y legalmente posibles, para derrotar a los terroristas.
Y vaya si lo lograron. A un precio dolorosísimo en vidas humanas (también allá, como aquí, jueces, periodistas, policías y hombres de Estado cayeron inmolados bajo fuego irracional), llegó un momento en que la conciencia de la superioridad moral de una sociedad cohesionada bajo principios constitucionales, logró doblegar a los fanáticos que con carrosbomba y disparos en la nuca de sus víctimas pretendían imponer sus objetivos, que llamaban políticos.
La justicia también se la jugó a fondo. La impunidad nunca fue una opción. Menos una resignación ante quienes propagaban salidas contemporizadoras y de "comprensión y apertura" hacia el falaz discurso de los terroristas.
No hay que olvidar que en el País Vasco, la ETA tenía -y tiene- partido político propio, legal, que apoya sus acciones, aplaude a sus sanguinarios dirigentes y considera a los condenados como rehenes políticos del Estado español. Cuentan, además, con miles de votos, que eligen alcaldes y concejales.
Pero los jueces no se rindieron. El máximo rigor jurídico y punitivo, sin desconocer las garantías procesales, para quienes se sentaban el banquillo, acusados de crímenes horrendos, capturados tras persistentes actuaciones policiales.
Ayer se supo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a las cortes de justicia españolas no aplicar más la llamada "doctrina Parot". Es decir, no pueden aplicar interpretaciones restrictivas en contra del reo. Deben reconocer favorabilidad, y si es del caso, decretar libertades a condenados por terrorismo que hayan llegado al máximo establecido en el código penal. A este resultado se llega por una demanda de una de las terroristas más sanguinarias de ETA, Inés del Río (mató a 24 guardias civiles con un carrobomba). Sin la "doctrina Parot", más estricta, tendrá que ser liberada y recibir, fuera de eso, un pago de 30 mil euros (unos 71 millones de pesos). No saldrá ella sola. Abandonarán la cárcel unos 76 etarras, culpables y condenados por crímenes atroces. Casi ninguno de ellos ha pedido, jamás, perdón a sus víctimas.
¿Laxitud penal? El Tribunal quizás no quiso favorecer terroristas. Simplemente aplicó la ley existente, redactada por políticos. ¿Impunidad? Allá, por lo menos, fueron juzgados y pagaron años de cárcel.
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