Es muy frecuente en los tiempos actuales que distintas voces de la opinión se quejen de los políticos -lo que involucra a los partidos y movimientos políticos, pero también a los representantes de los distintos cuerpos colegiados-, pero también de los gobernantes en los distintos niveles de la administración pública, y más recientemente incorporan a este grupo a los miembros de la Rama Judicial -especialmente a algunos magistrados de las Cortes, pero también a jueces cuando producen fallos que van en contravía de lo que esperaría la opinión pública-.
Lo anterior podría dar la sensación equivocada que democracias como la nuestra están en profunda crisis de cuestionamiento por los ciudadanos. Pero esta apreciación seguramente es exagerada y más bien refleja desconocimiento de muchos acerca de los alcances y límites de los poderes políticos y las responsabilidades existentes en una democracia.
Es por ello importante reiterar que en una democracia no existen poderes absolutos y que todos los poderes son limitados -sólo en el absolutismo existían monarcas con esa pretensión de poderes ilimitados-, pero eso no significa que no deban cumplir adecuadamente con sus funciones y por supuesto tienen responsabilidades políticas. La clásica tridivisión de poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, junto con los organismos de control, deben trabajar de manera autónoma, pero coordinada, para el buen resultado de la gestión pública del Estado.
Pero con frecuencia no sucede así, los congresistas a veces pareciera que su única tarea es producir leyes y claro, el resultado es una inflación legislativa, pero una de sus funciones básicas, el control político, no la cumplen sino algunos pocos congresistas. El Ejecutivo de manera reiterada es ‘pesado’ para ejecutar y pareciera que en ocasiones existe temor de tomar decisiones, a veces por riesgo de verse involucrado en investigaciones administrativas, todo ello conlleva lentitud en el cumplimiento de los planes y programas, aún a pesar de existir los recursos presupuestales. La Rama Judicial, con frecuencia, es igualmente lenta, a pesar de buscar con mecanismos como la oralidad darles celeridad a los procesos, pero además en ocasiones emite fallos que se contradicen en distintas instancias de la administración de justicia y ello siembra desconfianza y dudas en los ciudadanos. Los organismos de control a veces parecen más interesados en la exposición mediática que en cumplir a cabalidad las funciones que la Constitución les encarga o en ser una especie de coadministradores, cuando justamente eso fue algo que pretendió eliminar la Constitución de 1991.
A lo anterior hay que añadirles las restricciones propias del contexto internacional que limita determinadas decisiones, restringe el margen de maniobra o pone límites al actuar de los gobernantes.
Y frente a un panorama de este tipo, que no es catastrofista, sino muy próximo a la realidad cotidiana, los ciudadanos terminan concluyendo que todo el sector público está en crisis y que no sirve o por lo menos no funciona. En algunas sociedades esto ha generado movimientos de protesta, que casi siempre son espasmódicos, porque no siempre las soluciones están fácilmente a la mano.
Pero quisiera concluir esta reflexión señalando que frecuentemente no somos conscientes de la responsabilidad política que tenemos todos los ciudadanos, por acción o por omisión -abstenerse de participar no es algo que exima de responsabilidad-. Somos los ciudadanos en las elecciones quienes escogemos a nuestros representantes y quienes después, junto con el Ejecutivo, van a elegir a los magistrados de las Cortes y a los responsables de los organismos de control y vigilancia; elegimos también a nuestros gobernantes y por lo tanto tenemos una cuota de responsabilidad política de lo que hagan o dejen de hacer.
Creo que las cosas podrían andar bastante mejor si todos los ciudadanos valoráramos el poder que tenemos con el voto y que usándolo de manera racional -no pasional- podríamos tener mejores gobernantes, igualmente una oposición que cumpla con sus tareas y en definitiva un Estado que funcione mejor en beneficio de las personas.
