Todavía estamos a tiempo de cambiar el sombrío mapa de riesgo electoral que se configuró en 918 municipios del país, debido a esa mezcla explosiva de trashumancia electoral, presencia de grupos al margen de la ley, cohabitación con el delito y presiones de los narcos y las bandas criminales (bacrin).
El reciente informe del Ministerio de Defensa sobre los sitios en los que se advierte un marcado accionar de las Farc, el Eln y las bacrin coincide literalmente con las zonas en donde hay candidatos con antecedentes judiciales y donde los grupos violentos pretenden cambiar la voluntad popular.
Además, el mapa de orden público se superpone fácilmente con el de cultivos ilícitos, minería ilegal y bandas criminales, por lo que es de suponer que en las elecciones de este 30 de octubre no podrá haber sorpresas si los partidos políticos, las autoridades y los votantes actúan mancomunadamente para cerrarles el paso a quienes procuran mantener el poder de la ilegalidad.
No deja de ser lamentable, y por demás muestra de que no hemos hecho bien la tarea aún, que en el mapa de riesgo electoral figuren las mismas zonas de siempre y se adviertan los riesgos de siempre.
En el caso de Antioquia, con el Bajo Cauca como región crítica, el riesgo es extraordinario o alto, lo que implica que las acciones de protección a los candidatos y al electorado debe ser mayor.
Las insistentes denuncias sobre amenazas a candidatos, la circulación de dineros de dudosa procedencia y el trasteo de votos siguen su curso y se deben tomar decisiones de fondo para evitar que se cristalicen. El Departamento ha sufrido recientemente la muerte de varios candidatos y no es un secreto que en varios municipios del Área Metropolitana de Medellín hay trashumancia de votantes.
Ojalá se cumpla aquello de que "en guerra avisada, no muere soldado".
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