Ya los espacios periodísticos están cansados de denunciar tantos casos de corrupción que sacuden al país. Este podría ser el perverso personaje del año.
No hay día en que dejen de aparecer estadísticas internacionales y nacionales en las cuales señalen que esta plaga es la gran lacra nacional.
Las más variadas encuestas señalan la corrupción como el primer problema que detectan los colombianos, muy por encima de males tan deplorables como la inseguridad, el desempleo.
Ahora viene el campanazo de Transparencia por Colombia -informe respaldado por las Naciones Unidas- en que acusa al país de no tener una política de Estado integral para combatir este flagelo que tritura recursos tan necesarios para el desarrollo social.
Este mal, además, lleva a la Nación a estar entre los peor calificados en Suramérica en el escalafón de la lucha contra esta calamidad. Solo nos queda conformarnos que únicamente nos supera Venezuela, el gran líder de la región en corrupción.
Los promocionados estatutos anticorrupción que varios presidentes han proclamado como puntos esenciales en sus agendas de gobierno, se han malogrado en el tiempo. Todas las reformas e instituciones que se han modelado para enfrentar este crimen contra la economía y la ética, han sido superados por las mañas de los actores de los desfalcos, las coimas, los sobornos y demás manifestaciones propias de los avivatos que se brincan, con facilidad asombrosa, toda clase de normas.
Colombia, como lo hemos sostenido en varias columnas, puede hacer todas las reformas tributarias que quiera y nunca le alcanzarán los recursos para satisfacer las necesidades básicas que aquejan a los ciudadanos. Es tal el grado de descomposición moral, que de acuerdo con cifras del Procurador General de la Nación, por la sola contratación pública -valorada en 70 billones de pesos anuales- 9 billones van a manos de los corruptos. Cifra equivalente a tres drásticas reformas tributarias.
Mientras persista y se agudice la corrupción -amparada por la picardía y la impunidad- no habrá posibilidades de invertir en la comunidad para hacer una sociedad menos desigual y por consiguiente menos injusta.
El presidente Santos aspira, con algo de ingenuidad, que con la creación de comisiones moralizadoras se pueda siquiera rebajar los aterradores grados de desmoralización. Ya vemos que con el Estatuto Anticorrupción, aprobado por el Congreso hace cerca de seis meses, poco es lo que se ha logrado, no para extirpar, sino para disminuir este mal, arraigado al alma de buena parte de los servidores públicos. Normatividad, que de acuerdo con los conceptos de la señora Ungar, directora de Transparencia por Colombia, "no tiene una base jurídica clara para ser aplicable".
A veces mirando esta ola de corrupción que se carcome los mejores recursos del esfuerzo fiscal colombiano, ¿se llegaría entonces a crear la escabrosa incertidumbre de que el país está siendo absorbido por una cultura mafiosa? Interrogante que podría clarificarse, dada la aguda impunidad, vicio además arropado -como lo dice el informe de Transparencia internacional- por su sistema penal acusatorio que "no solo le quitó poder a la Fiscalía para investigar delitos contra la administración pública, sino que la oralidad no agiliza fallos ni condenas".
En fin, ¿estaremos llegando acaso, con tal alto grado de inmoralidad, a la análoga situación que denunciara hace algunos años Fabio Echeverri, entonces cabeza de la Andi, cuando en el gobierno de López Michelsen se intentó introducir en el sistema laboral "la huelga indefinida y remunerada", proyecto frustrado que en su momento mereció el calificativo del brillante dirigente paisa, como matrícula para entrar en "el imperio de la ilegalidad"?
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