Tanto el fiscal general, Eduardo Montealegre, como el procurador Alejandro Ordóñez, están defendiendo tesis sobre el proceso de paz que merecen más atención y análisis que los meros titulares de prensa. De lo que está diciendo cada uno de ellos depende que este país se considere un verdadero Estado de derecho, que la independencia de poderes persista, o que la ley sea o no un verdadero instrumento de justicia y equidad.
La discusión entre los dos pareció desbordarse la semana pasada, y fue subiendo de tono, al punto de rozar la acusación personal. El fiscal, es cierto, parece hacer proselitismo como aliado del Gobierno. Y el procurador, menos contemporizador, será tachado de ser un obstáculo para los propósitos de ofrecer impunidad a los jefes guerrilleros. Pero entre la vigencia de las normas internacionales que obligan a Colombia, o su inaplicación, la razón se le da a la primera opción sin ninguna duda.
