Tomando en consideración el aumento en el consumo de drogas ilícitas que se venía presentando durante los últimos años, el cual continúa hoy en ascenso de manera dramática, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, después de cinco intentos, logró finalmente la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2009 que reformó el artículo 49 de la Constitución, prohibiendo la llamada "dosis personal", figura que terminó por convertirse en una perversa justificación de la comercialización de las sustancias estupefacientes, encubriendo un enorme negocio a través del microtráfico o narcomenudeo.
El histórico acto legislativo persigue los siguientes objetivos:
1. Prohibir el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, correspondiendo al legislador, a través de su reglamentación, el desarrollo de mecanismos y procedimientos que permitan distinguir entre el consumidor y el delincuente que trafica y distribuye las drogas ilícitas.
2. Garantizar la protección del derecho a la salud pública de la población amenazada por el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, tomando como base el deber que toda persona tiene a procurar el cuidado integral de su salud y el de la comunidad.
3. Que el legislador establezca medidas con carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico para quienes consuman dichas sustancias, pudiendo acompañar esas medidas, limitaciones temporales al derecho a la libertad, las cuales se harán efectivas en instituciones adaptadas para ello, sin que tales limitaciones impliquen por sí mismas penas de reclusión en establecimientos carcelarios.
4. Que el Estado desarrolle en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes, y en favor de la recuperación de los enfermos dependientes o adictos.
5. Que el Estado dedique especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por ende, de la comunidad.
En días recientes, cuando el actual Gobierno invita en foros internacionales a la apertura de un debate que replantee la lucha contra el narcotráfico, resulta no solo conveniente, sino jurídica y moralmente obligatorio, tanto para el Congreso de la República y para el Ejecutivo, retomar la reglamentación de tan importante reforma Constitucional, la cual habiendo superado dos debates en el Senado, fue inexplicablemente archivada.
Bienvenido el debate sobre la lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas. Ojalá la discusión comience por una profunda, desapasionada y responsable reflexión sobre el aumento del consumo en los propios países productores, como es el caso de Colombia, pues si por un lado se habla de legalización, figura que dicho sea de paso es inviable, pues todos los países del mundo civilizado tendrían que asumirla para que el negocio realmente se acabara, y en ese camino tendrían que convencer a los padres de familia que ven en la permisividad el mejor aliado de la desintegración de los valores familiares y sociales, razón por la cual dicha legalización resulta abrumadoramente impopular (ver encuesta de CM& citada por la revista Semana de noviembre 27 de 20011, según la cual en la mayoría de países latinoamericanos, incluido Colombia, existe una oposición superior al 70% a la figura de la legalización).
Por el otro lado, debe hacerse un gran énfasis en los esfuerzos para combatir el consumo y por ayudar a quienes han caído en la adicción, pues legalizar la producción de estupefacientes no es nada distinto a liberalizar totalmente el consumo de las drogas y sustancias que aniquilan lenta e implacablemente al ser humano.
Durante 14 años Colombia ensayó la "permisividad" bajo el argumento del libre desarrollo de la personalidad. Ese experimento solo probó ser útil para aumentar el consumo en nuestro país.
Es hora ya de que nuestros legisladores y gobernantes retomen el tema del consumo como parte de la gran discusión que recientemente se ha reabierto.
* Exministro del Interior.
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