El destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, entró este lunes en una semana decisiva para saber si permanecerá o no al frente del gobierno capitalino, indicó uno de sus abogados.
Tras semanas de incertidumbre por apelaciones y recursos, tanto por parte de la defensa del alcalde como de la Procuraduría, esta semana se espera que el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, fallen sobre el caso del alcalde, indicó Rafael Barrios, uno de los abogados de Petro.
"La primera decisión que esté en firme, ya sea la del Consejo de Estado o la del Consejo Superior de la Judicatura, sobre esa decisión inmediatamente la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) debe actuar", indicó el abogado.
"Esa sería la única forma de que el alcalde se quede (en el cargo), que la Comisión Interamericana otorgue la medida cautelar" que solicitó la defensa del alcalde a fines de 2013 y que pide suspender la decisión de la Procuraduría, explicó Barrios.
Sin embargo, no hay certeza de que la Comisión emita esas medidas antes de que las cortes locales fallen, por lo cual el propio alcalde ha dicho que la decisión final está en manos del presidente Juan Manuel Santos, quien por normas es quien debe emitir un decreto designando a un gobernante interino y llamar a nuevas elecciones. Santos ha dicho que no toma partido ni a favor ni en contra del alcalde y que sólo cumplirá las leyes.
El abogado explicó que en caso de que la Comisión Interamericana suspenda la sanción de la Procuraduría, igual el alcalde Petro deberá enfrentar el 6 de abril un referendo revocatorio de su mandato porque es un proceso paralelo. Esa consulta fue impulsada desde finales de 2012 por un congresista por considerar que la administración de Petro era un casos administrativo.
Si la Comisión no emite sus medidas, entonces el alcalde queda fuera del cargo y ya no habrá referendo.
En medio de la batalla legal, "sin duda alguna la ciudad está a la deriva porque el alcalde durante el último año largo se ha dedicado a defenderse, primero de la revocatoria y luego de la sanción que le impuso el Procurador", afirmó el exalcalde de Bogotá, Jaime Castro.
Recordó que Petro "decidió que no se ejecuten en Bogotá los programas del gobierno nacional... en materia de vivienda y en materia de infraestructura vial" como el plan de Santos para construir 100.000 casas gratuitas, pero que por disputas con el distrito capital vio como otros municipios recibían mayores fondos y asignación de viviendas.
"La ciudad está pagando un precio muy alto" por todo el caso de Petro, indicó Castro.
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