Las reacciones ante la cuestionada decisión de un juez de liberar por vencimiento de términos a 17 militares acusados de la desaparición y asesinato de tres jóvenes de Soacha no se hicieron esperar. La Fiscalía advirtió que los jueces no aplican una norma del sistema penal acusatorio, mientras el ministerio de Defensa solicitó celeridad en los juicios.
A raíz de este y otros casos similares en los que militares vinculados a procesos por ejecuciones extrajudiciales recuperaron su libertad porque sus juicios no empezaron a tiempo, el fiscal general de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, manifestó su descontento con el manejo jurídico por parte de algunos jueces.
"Sentimos que los jueces no están atendiendo el parágrafo del artículo 317 de la Ley 906, donde se deja sentado que no procede la libertad cuando el término transcurre por maniobras dilatorias o cuando hay una causa justa o razonable que impide iniciar el juicio oral", aseguró ayer el fiscal en declaraciones a la radio y publicadas en la página de la Fiscalía.
Agregó que aunque los 17 militares continúan vinculados al proceso y pueden ser recapturados, "una de las manifestaciones de la impunidad, es que no se apliquen las medidas de aseguramiento que procedan, porque la sociedad se pone en peligro".
Mendoza reconoció que hay casos de retrasos de fiscales para tramitar las acusaciones en los plazos indicados y también explicó que la libre interpretación de la ley por parte de los jueces ocasiona decisiones cuestionadas como en este caso.
Prueba de ello es que ayer, pocas horas después de que los 17 militares del caso Soacha recuperaran la libertad, el Juez 12 Penal de Control de Garantías de Cali negó la libertad que por vencimiento de términos solicitaba el defensor de un mayor del Ejército y seis soldados acusados del homicidio del mayordomo de una finca, ocurrido en marzo de 2006 en una vereda a las afueras de Cali.
El Juez consideró improcedente otorgar la libertad a pesar del vencimiento de términos, puesto que las evidencias contra los militares implicados en el proceso se ajustaban al concepto de causa justa o razonable para no iniciar el juicio oral en los 90 días establecidos por ley, explicó la Fiscalía.Celeridad en los procesos
El ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares también se pronunciaron sobre el caso al solicitar a la Fiscalía, al DAS y a las autoridades judiciales adelantar con celeridad las indagaciones relacionadas con los denominados "falsos positivos".
De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, el jefe de esa cartera, Gabriel Silva Luján, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, enfatizaron en que estos hechos deben ser esclarecidos lo más pronto posible para que los responsables de estos delitos sean castigados.
También manifestaron su voluntad de brindar su colaboración a la justicia.
"El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares consideran esencial para mantener la credibilidad de las autoridades y las instituciones que se continúe con los procesos y evitar que delitos tan graves queden en la impunidad", señala el documento.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos también hizo pública su preocupación por el desarrollo de estos procesos penales y pidió rapidez y garantías para evitar la impunidad.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
