Temores, dudas y reclamos por el impacto que tendría el derrame de valorización en la comunidad, negocios e industrias del Oriente, plantearon líderes y autoridades de esta subregión.
El presidente de la Cámara de Comercio del Oriente, Rodrigo Zuluaga, sostuvo que si bien el túnel es necesario, la subregión requiere que antes se construya el anillo vial que les prometieron.
La obra, afirmó, traerá más vehículos y colapsará a Llanogrande, San Antonio y la conexión de la Autopista a Rionegro, pero será difícil el derrame porque también se debe cobrar a Medellín. "El túnel es muy inmaduro todavía en el cierre financiero", dijo, aunque reconoció que la Gobernación hace bien en mirar integralmente el desarrollo vial del Oriente, no solo como túnel.
El diputado Esteban Quintero, quien ha promovido varios debates sobre el proyecto en la Asamblea, anotó que la valorización se debe dar con criterios sociales, de manera que no se cobre a propiedades de estratos 1, 2, 3 y 4, siempre que no vendan el predio en los cinco años siguientes al derrame, así como se hizo para la concesión de la variante de Las Palmas, en el gobierno de Gilberto Echeverri.
Quintero objetó que el estudio de prefactibilidad definió que el punto cero sería la glorieta del aeropuerto de Rionegro, porque genera el mayor beneficio en el Oriente, pero que se debe corregir por el impacto que tendrá en el Aburrá.
Coincidió con Zuluaga en que cuanto antes se deben emprender las vías alternas prometidas en la concesión como El Carmen-Santuario, Llanogrande-Canadá y aeropuerto-Sika, porque hoy la de más difícil movilidad es La Ceja-San Antonio de Pereira.
El también diputado Juan Esteban Villegas, manifestó que el escenario financiero inicial estimaba un máximo de 90.000 millones por valorización, y quedarían exentos los estratos 1, 2, 3 y 4, e inquietó que como el proyecto está paralizado hace año y medio, hay un nuevo escenario financiero. "¿Quién va a asumir los extracostos?", preguntó.
En respuesta, el secretario de Infraestructura, Mauricio Valencia Correa, señaló que al llegar estaba firmado el contrato de concesión con acta de inicio de obra, en cuyo componente financiero hay un acta de modificación (la No 29 de junio de 2011), firmada por el gobernador Luis Alfredo Ramos y los concesionarios, en la que se establece que el monto de valorización será de 120.000 millones de pesos. "Que no se haya socializado es otra cosa", dijo.
Y añadió que en junio de 2010 se entregó el estudio de prefactibilidad para el derrame, que incluye 10 municipios (Rionegro, El Carmen, La Ceja, El Retiro, Marinilla, Guarne, Envigado, El Santuario, San Vicente y Medellín), que suponía una cifra de 440.000 millones que podría ser objeto de valorización. Equivaldría al 10% del mayor valor que generaría la obra en la zona, que son 4,1 billones de pesos.
Valencia recordó que el concedente tendrá que aportar 320.000 millones (60.000 de vigencias futuras, 140.000 del Idea y 120.000 por valorización), en tanto que el concesionario tiene un compromiso de 512.000 millones, para un total de 832.000 millones.
Dejó claro que será una valorización social, que busca preservar las condiciones de los campesinos con pequeñas parcelas, pero que aún no es el momento de asegurar quiénes van a pagar y quiénes no.
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