Por irregularidades en los procesos de adjudicación de 101.180 hectáreas, consideradas como terrenos baldíos, en los departamentos de Vichada, Meta y Casanare, la Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal en contra del Incoder por valor de 150.378 millones de pesos.
En un informe que presentó el ente de control, después de adelantar una auditoría especial, tras las denuncias hechas en el Congreso a finales de 2013, explicó los alcances de tres hallazgos de tipo administrativo y fiscal que comprometen a personas naturales y jurídicas, que bajo diversas modalidades permitieron la apropiación irregular de tierras baldías.
Uno a uno
En un primer hallazgo, la Contraloría señaló al Incoder por permitir la acumulación de terrenos adjudicados inicialmente como baldíos por un área total de 101.180,57 hectáreas, adquiridas por valor total de $150.378,92 millones por 14 entes jurídicos o personas naturales, directamente o a través de sociedades, sobrepasando las áreas establecidas como unidades agrícolas familiares, generando un detrimento en el patrimonio de la Nación en la cuantía señalada.
Un segundo hallazgo compromete la actuación de la Superintendencia de Notariado y Registro. Según la Contraloría fueron detectados 16 casos en los que particulares accedieron a la propiedad o posesión de más de un baldío, a partir de actualizaciones de área, sin el lleno de requisitos.
Y el tercer hallazgo administrativo relaciona la deficiente gestión jurídica del Incoder en la recuperación de los terrenos baldíos acumulados irregularmente por particulares. Explica que de 15 demandas interpuestas, 5 fueron admitidas, 5 están en calificación, una fue rechazada y cuatro están pendientes de complementar documentación.
"Se advierten inconsistencias de la gestión jurídica como: demandas inadmitidas y posteriormente rechazadas debido a que el Incoder no las subsanó oportunamente, presentadas sin documentación completa y otras sin impulso procesal por más de un año", señala la Contraloría General.
Hubo denuncia oficial
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, se mostró sorprendido de que la Contraloría asegurara que la investigación en San Vicente del Caguán se inició por una denuncia anónima.
En declaraciones a este diario, explicó que el robo de tierras en esa zona del país fue denunciado, desde octubre de 2013, por su despacho y del tema conoció la Fiscalía y la Procuraduría. Incluso, desde enero de 2012, Vélez había denunciado en los medios de comunicación la presunta titulación irregular de predios en áreas protegidas por el Estado en la antigua zona de despeje, especialmente en San Vicente del Caguán. Para entonces se hablaba de unas 49.000 hectáreas. Hasta el cierre de esta edición no había sido posible conocer la respuesta del Incoder sobre este informe.
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