El presidente de Venezuela Hugo Chávez busca criminalizar a quienes no le permiten implantar su proyecto socialista y en especial a aquellos que considera traidores porque abandonaron el proceso revolucionario.
En ello coinciden analistas políticos que están convencidos de que el mandatario quiere borrar del mapa político a quienes lo adversan y que está dispuesto a usar las herramientas que sean necesarias para lograrlo.
Tras las elecciones del 23 de noviembre del año anterior, el Presidente aseguró que la disidencia no tendría vida y que lo que quedaba eran "traidores pulverizados y su destino es la muerte política". Luego, con el triunfo de la enmienda constitucional, el 15 de febrero, y sintiéndose más fortalecido, Chávez hundió a fondo el acelerador para sacar a sus críticos del camino.
Ahora antiguos compañeros de lucha como los ex gobernadores Luis Eduardo Acosta Carlés en Carabobo, Eduardo Manuitt en Guárico, Antonio Rojas Suárez en Bolívar, Ramón Martínez en Sucre y Didalco Bolívar en Aragua por citar solo algunos de los más recientes, cayeron en desgracia y actualmente son investigados por supuestos actos de corrupción.
Ya antes políticos y dirigentes que acompañaron o apoyaron a Chávez en sus primeros años de Gobierno y luego se atrevieron a criticarlo fueron execrados y expulsados.
Entre ellos se cuentan los ex ministros del Interior Luis Miquilena y de Defensa Raúl Salazar y ex parlamentarios como Ernesto Alvarenga, el fallecido Alejandro Armas, del movimiento Solidaridad y el ex guerrillero y dirigente de izquierda, Pompeyo Márquez. También los miembros del Partido Podemos que lo acompañaron en la reelección presidencial de 2006 Ismael García y Juan José Molina.
La lista es larga y forman parte de ella ex diplomáticos, como Milos Alcalay, quien ocupó el cargo de embajador ente la OEA y Brasil y Virginia Contreras, que también estuvo al frente de la misión venezolana en la OEA y quien fue abogada de Chávez cuando estuvo preso en la cárcel de Yare, por el golpe de Estado que dirigió en 1992.
Entre los disidentes se cuentan también los ex militares Yoel Acosta Chirinos y Jesús Urdaneta Hernández que ayudaron a crear el movimiento bolivariano MBR200 que le dio vida al MVR, mediante el cual llegó Chávez al poder. Hasta la ex esposa del mandatario, Marisabel Rodríguez, hoy es vista con recelo.
Mientras tanto, las denuncias públicas que hacen diputados regionales opositores contra funcionarios chavistas, incluidos familiares del propio Presidente, por supuestos hechos de corrupción, no ameritan investigaciones.
Rosales detenido
Los últimos hechos que alertaron a la comunidad nacional e internacional fueron la persecución al alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, a quien el Presidente no ha podido vencer en elecciones regionales en Zulia y la detención del ex ministro de Defensa, hasta hace algunos meses héroe de la revolución y quien cayó en desgracia por oponerse a la reforma Constitucional, Raúl Isaías Baduel.
La columna opositora que lleva la firma de Simón Bocanegra en el periódico Tal Cual, señala que lo curioso es que todos los acusados que hay "son adversarios políticos del déspota de Miraflores o son personas que rompieron con él".
Y aunque algunas de estas medidas son de carácter judicial, gran parte de los venezolanos creen que se llevan a cabo por órdenes que llegan desde Miraflores.
El propio presidente Chávez ha proferido amenazas en sus discursos que, curiosamente con el paso de los días, algún juez convierte en una orden judicial, como el caso de Rosales, a quien el mandatario le aseguró que lo metería a la cárcel. El alcalde de Maraibo se encuentra escondido.
El Observatorio Hannan Arendt señaló que los perseguidos son objeto de una doble moral revolucionaria, "la cual castiga a la disidencia y premia a los seguidores oficialistas que comenten delitos".
Para Teodoro Petkoff, director de Tal Cual, con la decisión de condenar a los disidentes el Gobierno va por el camino de transformar a los tribunales en el brazo del terrorismo judicial del Estado.
Los chavistas defienden las recientes decisiones de la justicia. El abogado y diputado oficialista, Carlos Escarrá, sostiene que en Venezuela se lucha contra la impunidad.
Mientras que el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, le aseguró a un diario local que lo que viene es una profundización de la revolución sin complejos y que aunque la Constitución es extraordinaria tiene vacíos que impiden el desarrollo de una política de Estado. En su opinión, expropiar y revertir decisiones son figuras legales que el Gobierno usará.
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