Haciendo leña del árbol caído. Ese podría ser el denominador común que se desprende del más reciente informe sobre deforestación en el país, presentado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Ideam.
Si bien se redujo en cerca de 90 mil hectáreas el área talada de bosques en el último año, las cerca de 300 mil hectáreas afectadas en igual período nos mantiene como uno de los países más depredadores del ambiente en el mundo.
Tal como lo advirtió el informe oficial, los registros indican que el país perdió los dos últimos años 295.892 hectáreas de bosque natural, unas 1,6 veces el área del departamento del Quindío.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la media mundial de deforestación es del 0.14 por ciento, y Colombia alcanzó el año pasado un promedio de 0.25 por ciento, es decir, casi el doble de los estándares internacionales.
La inmensa riqueza forestal, hídrica y de biodiversidad del país se la está llevando, unas veces la inconsciencia colectiva, y otras la falta de una política pública dura y rigurosa que ponga en cintura a los explotadores irracionales e ilegales de nuestro territorio de bosques naturales.
Conocidos son los fenómenos que atentan contra la sostenibilidad y sustentabilidad de nuestro ambiente. Por un lado, el lastre del narcotráfico, que no sólo tala los árboles para sembrar hoja de coca, sino que vierte sus precursores químicos sobre las fuentes de agua.
Por cada hectárea de cultivos ilícitos se deforestan cuatro de bosque natural.
Por otro, la explotación ilegal del recurso maderable y la dedicación exorbitante de la mejor tierra a actividades de ganadería extensiva sin presupuestos de eficiencia y uso racional del suelo.
La minería ilegal a cielo abierto, componente principal del conflicto armado interno, también está provocando efectos devastadores e irreversibles sobre nuestro manto natural.
El mayor avance de la deforestación en zonas como la Amazonia se debe al avance de la frontera pecuaria, de acuerdo con información del Instituto Sindhi de Investigaciones de la Amazonia. Allí los cultivos ilícitos no influyen tanto, salvo en partes de Caquetá y Putumayo.
En Antioquia, por ejemplo, solo quedan 2 parches grandes de bosques, que poco a poco se reducen: hacia el Nordeste (límites con Bolívar y el Magdalena Medio), donde la tala es desenfrenada, ayudada por la violencia. Y hacia la cuenca del Atrato. Hay una tercera que se va reduciendo: la del Paramillo.
En esas zonas no es por la expansión agropecuaria, sino por tala ilegal para el mercado de la madera y, en algo, por cultivos ilícitos, usufructuados por la guerrilla, las bandas criminales y el narcotráfico.
La reducción de la tasa de deforestación coincide con una disminución de los cultivos de coca, en Nariño y Cauca, y con el incremento de los esfuerzos para controlar la tala y la minería ilegales.
La parte buena y esperanzadora del informe es que la zona del Pacífico no ha sido la más afectada con la depredación de los bosques, y siendo una región rica en biodiversidad, las acciones del Gobierno y su cadena de mando institucional deben estar dirigidas a proteger esa zona.
El sistema de monitoreo que ahora tiene el Ideam es un valioso instrumento para impedir que sigamos acabando con el territorio. No hay tiempo que perder. Podemos estar en el camino de no retorno de una tragedia anunciada.
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