La Contraloría General abrirá un proceso de responsabilidad fiscal contra magistrados y exmagistrados por el caso conocido como el "carrusel de pensiones" en el Consejo Superior de la Judicatura.
Además, el órgano de control ordenó medidas cautelares, como el embargo a los sueldos de los funcionarios públicos.
La contralora general, Sandra Morelli, aseguró este miércoles que, en su concepto, el órgano de control que ella dirige tiene total competencia para investigar a los magistrados; sin embargo, dijo que "nos sometemos a lo que diga la autoridad competente" (el Consejo de Estado). Ese tribunal definirá en los próximos días si efectivamente la Contraloría tiene la competencia para indagar a estos funcionarios.
El proceso ha sido reclamado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
