En la misma operación que condujo a la captura de Rubén Darío Granda Escobar, hermano del llamado "canciller de las Farc", Rodrigo Granda, la Policía ocupó con fines de extinción de dominio 50 propiedades que pertenecían a dicho grupo insurgente.
De acuerdo con la investigación, las propiedades estaban a nombre de testaferros que hacen parte de la red de lavado de activos de esa organización insurgente.
Las propiedades estarían avaluadas en más de diez millones de dólares, entre las que se encuentra una finca ubicada en el municipio de Fusagasugá, la cual está avaluada en cerca de un millón de dólares.
Según las autoridades, la investigación para dar con la captura de Rubén Darío Granda y para determinar el paradero de las propiedades duró más de siete meses.
Aval a pruebas
Un Juez de Control de Garantías declaró legal el material probatorio incautado a Rubén Darío Granda, hermano del llamado "canciller" de las Farc, Rodrigo Granda.
El Juez señaló que el allanamiento se hizo de forma legal, que las pruebas están bajo cadena de custodia y que se tomaron fotografías que garantizan la evidencia física de las pruebas.
Los abogados de Granda habían aducido que los elementos fueron generalizados y no identificados por sus características individuales, y que por ello podrían ser destruidos, alterados o suplantados, violando así el debido proceso.
