La defensa del Gobierno del proceso de paz con las guerrillas y la nueva normatividad legal para impulsarlo tendrá la próxima semana otra prueba ante la comunidad internacional. El presidente Juan Manuel Santos debatirá en Nueva York ante la ONU la "autonomía" de Colombia para terminar con el conflicto armado.
En el intenso debate jurídico, el Primer Mandatario considera tener un as bajo la manga para blindar el proceso frente a las posturas, tanto en Colombia como en el exterior, que exigen cumplir al pie de la letra los tratados y estándares internacionales de justicia suscritos por el Estado para juzgar los crímenes durante el conflicto armado.
En su última intervención pública en Medellín sobre las negociaciones en Cuba con las Farc, Santos anticipó que, si bien los tratados internacionales firmados por Colombia prohiben las amnistías e indultos por delitos de lesa humanidad, una declaración interpretativa al firmar el Estatuto de Roma le otorga al Estado "autonomía".
Ante juristas y magistrados de altas cortes que asistieron al foro Diálogo Constitucional para la Paz, el mandatario sacó a relucir una salvedad al artículo 124 del Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional y que, a su juicio, no se opone a la concesión de amnistías.
Defensa ante la ONU
Con base en ese antecedente, anticipó parte de la posición que defenderá en la 68 Asamblea General de las Naciones Unidas: "Como jefe de Estado voy a defender ese margen de libertad, ese margen de autonomía de Colombia para forjar nuestro propio camino de reconciliación. Y así lo haré con toda claridad y contundencia ante la ONU".
Ratificó la posición con la que ha defendido en los últimos meses las leyes diseñadas para facilitar las negociaciones con las guerrillas, como el Marco Jurídico para la Paz, que establece penas alternativas para delitos durante el conflicto y da vía libre a la participación política de exguerrilleros.
"Me resisto a concebir un sistema de justicia internacional que obstaculice el camino de una nación que busca –sin desatender a sus víctimas ni el derecho a la verdad– terminar un conflicto de más medio siglo", reiteró el Presidente, en clara referencia a las críticas en Colombia y el exterior de que la nueva normatividad genera impunidad frente a los delitos graves y sus perpetradores, como los guerrilleros.
En el mismo escenario, José Manuel Cepeda, exmagistrado de la Corte Constitucional y asesor de la Presidencia, precisó que al adherirse al Estatuto de Roma, el presidente Andrés Pastrana hizo en 2002 "una declaración interpretativa, según la cual Colombia entendía que el Estatuto no se oponía a la concesión de amnistías en el marco del Derecho Internacional Humanitario, siempre y cuando se estuviera a la terminación de las hostilidades".
Cepeda subrayó que ningún Estado protestó contra esa interpretación.
Esa salvaguarda excluyó por siete años (2002-2009) la competencia de la Corte Penal Internacional para investigar posibles crímenes de guerra con motivo del conflicto. Fue adoptada para posibilitar un eventual acuerdo de paz con las Farc durante los diálogos del Caguán. Venció el primero de noviembre de 2009.
Estos argumentos del Gobierno serían lo que llevará el presidente Santos a su reunión este martes en Nueva York con la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda.
Se espera que el encuentro aclare los cuestionamientos de la funcionaria sobre el Marco Jurídico para la Paz, que aprobó el Congreso y avaló la Corte Constitucional, con condicionamientos sobre respeto a los derechos de las víctimas y que no puede haber impunidad frente a crímenes de lesa humanidad ni suspensión total de la pena a máximos responsables.
Persiste debate jurídico
Pero el argumento de que la declaración interpretativa del Estado colombiano ofrece "autonomía" al Gobierno para conceder beneficios judiciales a los guerrilleros con el fin de conseguir un acuerdo de paz no es válido para opositores a las nuevas leyes en diseño.
Uno de ellos es el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien considera que "la aplicación de esa cláusula excluye a los responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra". Recordó "sentencias contra Gobiernos de Chile, El Salvador y Perú por amnistías e indultos que generaron impunidad".
El funcionario insistió en que tampoco es aplicable por posibles crímenes cometidos por las guerrillas desde 2009 a la fecha, lo que exige que se busque "la paz, sin impunidad, con mínimos de justicia y penas rebajadas, pero razonables".
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