De nada valieron los ruegos de la madre que al escuchar disparos salió apresurada de su casa a implorarle al sujeto que disparaba: “¡No mate a mi hijo, no me lo mate!”. Varios balazos impactaron al joven a quemarropa y propagaron el miedo, calle por calle y familia por familia, en el sector de San Gabriel.
En la mente de esa mujer está viva y punzante la imagen de ese sujeto que indiferente y a pesar de sus ruegos “no le importó dispararle delante de mí y a sangre fría” cuando Jonhatan Álvarez daba los primeros pasos tras salir de su casa a las 7:30 a.m.
El asesino corrió calles arriba y escapó mientras ella gritaba por ayuda para que la vida no abandonara el cuerpo de aquel muchacho de 20 años que yacía tirado y malherido sobre el asfalto. Pero minutos después moría en un hospital.
Este homicidio, ocurrido el pasado viernes 10 de mayo, destapó el temor y el sufrimiento que desde comienzos de este año padecía en silencio la comunidad de ese sector del corregimiento San Cristóbal, por las amenazas de un combo delincuencial y la violenta disputa con otras bandas rivales.
Según la familia, la víctima, como otros jóvenes del barrio, se había negado a integrar el combo “San Pedro”, uno de los cinco que delinquen en la vereda La Loma. En represalia, fueron amenazados, por lo que varios abandonaron el sector desde marzo, luego del asesinato de otro muchacho que, insisten en el barrio, era “sano” y tampoco quiso unirse al combo.
De esa confrontación por dominio territorial provienen las balas que sin importar si es de día o de noche obligaron a los habitantes a refugiarse tantas veces debajo de las camas, un closet o en un baño, como hacía Angela* para protegerse junto a su familia.
Su pequeña casa, ubicada en la mitad de una montaña, en esa zona semirrural de Medellín, confirma sus miedos. El techo y la puerta tienen perforaciones que dejaron las continuas balaceras entre los combos de La Loma y La Agonía. La última que soportó fue hace 20 días. Era de noche cuando sintió otra vez el ruido intenso del fuego cruzado.
Relata que apenas empezó “la plomacera cogí a mi niña y corrí a encerrarme en el baño. Antes nos metíamos a un closet, pero ya no más porque una vez la bala se metió por el techo y pegó en el armario. Entonces nos refugiamos en el baño y yo me tiré encima de ella para protegerla y me puse a rezar”.
Cuando se silenciaron los disparos y se dirigió a su cuarto encontró que una bala sobre su cama, que entró por el tejado, que tiene varios remiendos de tejas para tapar los agujeros hechos por los proyectiles. Al día siguiente se refugió en casa de sus padres.
Éxodo masivo en 15 días
La semana pasada nuevas amenazas por denunciar la intimidación renovaron el miedo en el barrio, vencieron la resistencia de Ángela y 3o familias más que atemorizadas y a toda prisa armaron trasteos y abandonaron con tristeza sus viviendas.
Meses antes ya se habían desplazado otras 10 familias y varios jóvenes para huir de las presiones para ingresar al combo. Hoy solo tres jóvenes se quedaron a vivir en San Gabriel.
La mayoría de habitantes se fue a pesar de que el alcalde Aníbal Gaviria y altos mandos policiales y del Ejército arribaron el martes pasado a reunirse con la comunidad en una de casa del sector. “Quédense, la Policía se compromete a quedarse para garantizar su seguridad”.
Pero el miedo fue más fuerte que la promesa de mantener policías y soldados, y ni las banderas blancas que ondean en las fachadas de varias casas los convencieron de quedarse.
Sin paz para hacer el duelo y cuatro días después del sepelio de Jonhatan Álvarez, la familia se desplazó. “Me voy triste de dejar mi casa y el barrio, y con deseos de regresar cuando nuestras vidas no estén en peligro”, decía su madre antes de partir.
A pocas cuadras de San Gabriel la amenaza de hombres armados de “desocupen o se mueren” ya había desterrado una semana antes a unas 220 personas del sector vecino de El Cañón, también en la vereda La Loma, en San Cristóbal.
El refuerzo de policías y soldados y la intervención de la Alcaldía de Medellín logró contener en forma parcial el desplazamiento masivo y unas 30 familias retornaron en los últimos 10 días, indica Luz Patricia Correa, directora de la Unidad Municipal de Víctimas del Conflicto.
El éxodo masivo de más de 100 familias en La Loma revela el drama humanitario persistente del desplazamiento forzado intraurbano en Medellín. Cientos de desterrados cada año y sectores de la ciudad azotados por la violencia, y en especial por la disputa entre los 130 combos delincuenciales que matan, amenazan, extorsionan reclutan menores, ya dejan sectores enteros deshabitados.
Los “barrios fantasma”
En estos “barrios fantasma”, en las zonas más azotadas por la violencia urbana (comunas 1, 8, 13 y 16) no asustan los espectros, sino los delincuentes que se apoderan de las casas abandonadas para convertirlas en sus guaridas, y donde, bajo amenaza de muerte, sus dueños no pueden regresar.
“Las usan para convertirlas en plazas de vicio, vigilar un sector si están bien ubicadas y con panorámica, esconder armas o las entregan a gente a su antojo. Y si permiten que sus dueños al menos las arrienden para no perderlas, se quedan con una parte del dinero del alquiler”, señala un investigador judicial.
Así se evidencia en la comuna 8, donde en noviembre del año pasado se desplazaron del barrio Esfuerzos de Paz 1 un total de 108 familias afrodescendientes, por las amenazas de los combos que libran una intensa confrontación territorial y que, según las autoridades, están aliados a “la Oficina” o a la estructura estructura urbana de la banda criminal “los Urabeños”.
Seis meses después, las casas de material o las más precarias construidas por los más pobres en madera y techo de zinc están derruidas. Pocas personas caminan por sus estrechas calles, de tierra, y los laberintos empinados en ese cañón donde se asentó el barrio. Las que no fueron saqueadas y sus puertas arrancadas, tienen candados ya oxidados por el paso de los días. Entre las tablas se ven los enseres abandonados y cubiertos de polvo que los desplazados no se llevaron tras salir apresurados.
El desplazamiento masivo no solo desterró a sus habitantes, en su mayoría provenientes del Urabá antioqueño y chococano. El destierro acabó con una comunidad afrodescendiente que en los últimos 25 años había construido un barrio con su cultura y sus costumbres.
Carmen* no oculta la mezcla de tristeza y nostalgia al recordar el “Chococito”, como llamaban a su sector. Allí los días transcurrían al ritmo bravo y alegre de las chirimías, el mapalé y el currulao, que alegraban las fiestas y los ponía a la gente a bailar hasta el amanecer del otro día.
El desarraigo dispersó la gente por toda ciudad y ya no se escuchan los “alabaos”, los cantos religiosos tristes o alegres cuando un ser querido fallecía. “Vivíamos tranquilos, como es nuestra costumbre, la gente tenía su tienda, modistería, peluquería en su casa y vivíamos humildes pero sin aguantar hambre como nos tocó”, recuerda Carmen.
La vida tranquila duró hasta principios del año pasado, cuando la disputa de combos se intensificó y llegaron hombres armados a extorsionar e intentar que los jóvenes se les unieran en la disputa con los grupos rivales. Entonces, antes del éxodo masivo, comenzaron los desplazamientos silenciosos de familias.
Y como en el caso de Carmen, líder comunitaria, “me desplazaron con amenazas y visitas con arma en mano los jefes de un combo que pidieron ‘su parte’ de los dineros de un proyecto social de mujeres financiado con recursos del Presupuesto Participativo”.
Las estadísticas de la Personería de Medellín confirman esta tragedia. El personero delegado de Derechos Humanos, Jesús Alberto Sánchez, advierte que “desde 2008 el desplazamiento intraurbano registra un aumento alarmante”.
Mientras hace cinco años 860 personas denunciaron la expulsión forzada de sus barrios, en 2010 la cifra creció a 5.962. El año pasado, la Personería recibió declaraciones sobre 9.941 desplazados. Pero si se tiene en cuenta el subregistro y denuncias a la Fiscalía y la Procuraduría, la realidad supera las 10 mil personas.
El personero agrega que las comunas con más casos durante 2012 fueron la 13, 8, 1, 9 y 3. El incremento anual parece repetirse en 2013 con los desplazamientos masivos de mayo. Entre enero y febrero se desplazaron 1.799 personas.
