En horas de la mañana de este miércoles fue asesinado al salir de sus vivienda en líder reclamante de tierras Adán Bernardo Quinto, quien adelantaba procesos de restitución en Curvaradó y Jiguamiandó, señaló Carlos Páez, director nacional de Tierra y Vida.
El asesinato se presentó en zona urbana de Turbo, en el barrio Las Flores. Según Páez, a Quinto le modificaron su esquema de seguridad desde la Unidad Nacional de Protección, UNP.
“El Gobierno lo abandona para que lo asesinen. Andrés Villamizar, director de la UNP, no tiene idea de cuando una persona está amenazada y protege a quienes no tienen amenazas y deja solos a los que sí las tienen”, dijo Páez.
Adán Quinto, de 55 años, fue asesinado cerca de las 7:00 de la mañana de este miércoles en zona urbana del municipio de Turbo, explicó vía telefónica el coronel Jairo Rojas, comandante de la Policía en la región de Urabá.
"El era el líder comunitario de la cuenca del río Curvaradó; él era desplazado (por la violencia del conflicto armado interno)", indicó el alto oficial.
Dijo que se estaba "en un trabajo investigativo" para dar con el asesino. Señaló que hay una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue información que permita esclarecer el crimen y arrestar al sicario. Se abstuvo de entregar más detalles del caso.
El secretario de gobierno de la alcaldía de Turbo, Ramón Pérez, explicó vía telefónica que Quinto "era un líder comunitario desplazado que venía colaborando con el tema de un desplazamiento que hubo en enero... de personas que llegaron (del departamento vecino) del Chocó. Él estaba colaborando con esas personas".
Ilda Vergara, viuda de Quinto, dijo telefónicamente que su esposo "salió un momento de la casa, fue a comprarle un yogurt a la niña... Yo escuché los disparos desde mi casa".
Según su relato, le pidió a uno de sus hijos que fuera a la calle para ver de dónde venían los disparos. "Llegó llorando y me dijo: 'mami, lo mataron; mami, lo mataron'''.
Quinto había denunciado "muchas amenazas" en contra de su vida, enfatizó.
Agregó que actualmente su esposo contaba sólo con un escolta, que debía llegar a su casa a las ocho de la mañana.
La Unidad Nacional de Protección dijo en un comunicado que "el señor Quinto contaba con medidas de protección, correspondientes a un escolta, apoyo de transporte, chaleco blindado y medio de comunicación en virtud de su nivel de riesgo".
Sin embargo, agregó, "en el momento de los hechos, lamentablemente el protegido salió sin la compañía del escolta, situación que está en verificación".
El Instituto Popular de Capacitación, IPC, no gubernamnetal, recordó en un boletín de prensa que la víctima se encontraba en condición de desplazado desde 1997.
"Hace apenas 5 meses la Unidad Nacional de Protección le había retirado parte del esquema de seguridad a este líder comunitario y reclamante de tierras, dejándolo apenas un solo escolta y quitándole el vehículo blindado en el cual se movilizaba", aseguró la entidad que propende por los derechos humanos.
Según ese organismo, las comunidades de Curvaradó y Jiguamandó fueron despojadas en los años 90 por grupos paramilitares de más de 25.000 hectáreas de tierra y en la actualidad se adelanta un proceso de restitución de tierras sobre esos lotes.
De acuerdo con datos de la no gubernamental Fundación Forjando Futuros, con el caso de Adán Quinto hasta la fecha son 67 los reclamantes de tierras asesinados en Colombia desde el año 2008.
La propiedad de la tierra ha sido descrita comúnmente como una de las raíces del conflicto armado interno en Colombia. De las 114 millones de hectáreas del país, grupos no gubernamentales y funcionarios afirman que por lo menos dos millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron robadas al Estado en procesos fraudulentos en notarías y registros.
