Tras la aprobación del Marco Jurídico para la Paz por parte de la Corte Constitucional, el Gobierno confía en que tiene la fórmula para convencer a las guerrillas de estar ante la "última oportunidad" de conseguir una salida negociada al conflicto armado, como lo asegura el presidente Juan Manuel Santos.
El fallo de la Corte avala el actual proceso de paz con las Farc y el próximo con el Eln, pero condiciona la aplicación, al reconocimiento de las víctimas, contribución a la verdad, el fin definitivo del conflicto, la liberación de los secuestrados, la desvinculación de los menores de las guerrillas y la entrega de las armas.
Sin embargo, el debate jurídico y la oposición están lejos de terminar. Resta que el Congreso reglamente las leyes estatutarias, que contienen los beneficios legales para los subversivos. Y que la Fiscalía inicie la selección de delitos de lesa humanidad y máximos responsables para juzgar.
Juristas como Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, quien demandó el proyecto ante la Corte, anticipan que habrá tensión y polémica, porque "la Corte considera exequible seleccionar graves delitos sistemáticos, pero en otros apartes, parece sugerir que hay que investigar todas las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario".
Según el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, "los crímenes de lesa humanidad se tipifican cuando atentan contra la población civil de forma sistemática", lo que significa que no todos los casos considerados graves, como desapariciones, reclutamientos de menores o torturas adquieren la categoría de lesa humanidad.
"En el caso de las conductas que no llenen esos criterios, el Marco Jurídico prevé mecanismos a través de medidas extrajudiciales, dando cuenta de que no sólo el ejercicio de la acción penal es útil en contextos de justicia transicional", explica Perdomo.
Pero la jurisprudencia internacional también cuenta. En su último informe sobre Colombia, la Corte Penal Internacional advirtió que existen condenas contra 218 miembros de las Farc y 28 del Eln por conductas que constituyen crímenes de competencia de la Corte. Entre ellos los miembros del Secretariado y el Comando Central del Eln.
Estos son algunos de los delitos graves atribuidos a las guerrillas que estarían en consideración de la justicia para ser catalogados como crímenes de lesa humanidad.
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