Más que un plan de choque para solucionar los conflictos que se presentan en algunas comunas de la ciudad, lo que se necesita con urgencia son acciones integrales y de largo aliento que aborden la problemática de las bandas delincuenciales y su perniciosa influencia en los jóvenes.
A las comunas y barrios populares, no sólo de Medellín sino de otras ciudades colombianas, que registran problemas similares, hay que ir con todo el Estado para "evitar que el crimen organizado siga haciendo de las suyas", como lo sostuvo ayer el Presidente Santos, en un consejo de seguridad donde se trató el tema.
La Operación Orión, realizada en la comuna 13 de Medellín, en octubre de 2002, y que dejó un saldo de cuatro militares, un civil y seis milicianos muertos, trajo una relativa tranquilidad al populoso sector del noroccidente de la ciudad. Pero ya no son las milicias guerrilleras y los paramilitares los que desvelan a sus moradores, sino los propios hijos de las familias que allí habitan y que han sido cooptados por bandas de delincuentes que se disputan el control territorial para ejercer dominio sobre el negocio del tráfico de estupefacientes y el cobro de vacunas.
Es impensable que acciones como la ejecutada hace 8 años vuelvan a realizarse en el sector, en un balance social de costo-beneficio, y más si la problemática que allí se registra la comparten por lo menos otras cuatro comunas de la ciudad, que requerirían entonces operaciones similares.
Las estrategias que se adopten para las comunas de Medellín tienen que ser, paradójicamente, más contundentes que una acción represiva puntual. Y la contundencia está en la capacidad del Estado para aplicar la ley con todo rigor. Leyes, en lo penal, que tendrán que revisarse a fondo para acabar con la impunidad, como lo prometió el Gobierno.
Y también serán necesarias reformas en el Código de Procedimiento Penal para que, conservando las garantías procesales, se pueda evitar la excarcelación de reconocidos maleantes por falta de denuncia, pese a la captura en flagrancia o alegando supuestas enfermedades, o por laxitud en cuanto al porte de armas.
Sin duda, la justicia tiene que tener herramientas acordes con los fenómenos sociales que desatan nuevas tendencias criminales, como por ejemplo, la incursión en el delito desde edades más tempranas. Tenemos un Código de la Infancia y de la Adolescencia recién aprobado. ¡Pues que se aplique!
Ante el reclamo del Alcalde Salazar de que debe ser el Estado como tal el que brinde esas soluciones estructurales y de fondo, el Presidente Santos dijo en Rionegro que abordará las reformas del caso en la normativa penal, al tiempo que se reforzarán los operativos de la Fuerza Pública para contrarrestar el accionar de las nuevas bandas criminales. Esperamos que así sea y vamos a apoyar, de forma decidida, tales compromisos.
Las autoridades están actuando y la presencia policial se ha incrementado en las comunas, pero hay que ir más allá, en el tema judicial, fortaleciendo la unidad de fiscales, su capacidad tecnológica y los programas de protección a testigos y a los mismos jueces, para acometer una lucha frontal contra la impunidad.
Ante todo, y esto es preciso subrayarlo, hay que pasar de las palabras a los hechos, pues el problema no da espera. Hay que salvar la vida de los jóvenes de las comunas. Hay que arrebatárselos a las bandas, con programas de resocialización y oportunidades de estudio y de empleo, para mostrarles que sí hay futuro.
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