En estos tiempos en que Cien Años de Soledad, la obra cumbre (o una de las obras cumbres) de Gabriel García Márquez, se ha puesto de moda nuevamente, es imposible no hablar de la peste del insomnio. Esa extraña epidemia que atacó a los habitantes de Macondo y los obligó a guardarse en sus viviendas hasta que apareció el gitano Melquíades con un brebaje que les devolvía la memoria.
Ahora, en este 2024, Colombia (o esta nueva versión de Macondo) parece estar padeciendo una peste parecida: la de la propaganda. Si alguien fuera a ponerle un título a cada año del gobierno de Gustavo Petro podría incluir entre otros candidatos: el 2022 el año de “la expectativa”, el 2023 el año de la “agenda privada” y el 2024 el año en que el Estado se dedicó a la propaganda.
Ningún otro gobierno ha producido tantos escándalos como este, pero a la vez pocos han sido capaces igualmente de crear tantas cortinas de humo o mantener distraída la opinión pública. Y ninguno, sin duda, se había puesto en la tarea de crear un ejército de influenciadores pagos y de cuentas falsas en las redes sociales para amplificar la voz del gobierno y para atacar a quienes se atreven a poner en duda al mandatario.
El repertorio de Gustavo Petro para manejar la opinión pública es de varios calibres. Utiliza, por ejemplo, noticias polémicas o extravagantes que nunca van a ser realidad –coloquialmente conocidas como globos– pero que se ganan los titulares de televisión y ponen a la gente a debatir durante varios días. Así, Petro anunció el cambio del escudo de Colombia o propuso la construcción de un tren bala en La Guajira o ilusionó a los colombianos diciéndoles que se podrían jubilar antes de tiempo e incluso dijo una y otra vez que iba a traer gas de Venezuela a pesar de que hoy es técnicamente imposible.
El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo decía con sarcasmo: “Quizás sería mejor que para hacer las cosas en orden primero construya el Aeropuerto Internacional de la alta Guajira que prometió hace pocas semanas y luego siguiera con el de Ayapel”. Y habría que agregar a la fila, tantas otras obras del realismo mágico (o de la política de propaganda) de Petro, como el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla, que Petro prometió en campaña y del cual de vez en cuando habla, pero que según cálculos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, costaría 650 billones de pesos, es decir, mucho más que el total del presupuesto general del país.
La otra manifestación de la peste de la propaganda, o la otra táctica del presidente Petro para mantener distraída (o entretenida) a la opinión, ha sido la de utilizar insultos y agravios, con verdades a medias o simplemente mentiras, contra algún personaje público o una comunidad en particular. El Presidente sabe que el insulto es taquillero en las redes y en los medios de comunicación y deja en un segundo plano cualquier escándalo por grave que sea.
¿Cómo funciona en la práctica? Uno de los tantos escándalos del gobierno Petro este 2024 fue el de los 180.000 millones que se habrían entregado en diferentes contratos a firmas relacionadas con el Clan Torres, financiadores de la campaña de Petro, para que entregaran electrodomésticos para la transición energética en Barranquilla. En pleno escándalo, el presidente Petro en uno de sus discursos, sin presentar prueba alguna, acusó a empresarios barranquilleros de reunir “100.000 millones de pesos” para financiar, mediante “compra de votos”, una constituyente para “sacarlo” del poder. El cuento de la Constituyente, que como buen globo no quedó en nada, logró apagar rápido el incendio del Clan Torres sin que el país recibiera explicación alguna.
Si se le pone lupa a una gira de Petro por el país se encuentra lo siguiente: el viernes 15 de marzo, en Cali, acusó a los caleños de esclavistas; el lunes 18, en Urabá, sugirió que los paisas no querían darles agua potable a los pobres; el 19, en Montería y Ayapel, señaló a campesinos de Córdoba de pertenecer al Clan del Golfo; el 20 en Tierralta acusó a Alejandro Gaviria de dejar perder un billón y medio de pesos “por cuidarles el negocio a las EPS” y en San Marcos (Sucre) acusó a Álvaro Uribe de no pagar predial; el 21 en San Antonio de Palmito (Sucre) ligó a los cafeteros con narcotraficantes y el viernes en Mompox (Bolívar) dijo que la salud solo era para los ricos de Bocagrande en Cartagena, Chapinero Alto en Bogotá, el norte de Barranquilla y el sur de Medellín. Prácticamente ninguna de esas afirmaciones del presidente Petro se pueden probar, pero cumplen el cometido de echarse al bolsillo a quienes les toca fibras profundas en donde habitan este tipo de prejuicios.
Esa es una vieja táctica que aparece en las cartillas de manejo de la opinión en caso de crisis extremas. Así lo hizo el presidente Ernesto Samper (1994-1998) cuando desde el arranque de su gobierno le cayó el escándalo de los narcocasetes y el llamado ‘proceso 8.000’ y él, a punta de discursos de “yo estoy con los pobres” y “los ricos no nos dejan”, logró sobreaguar la crisis permanente de su gobierno.
Petro comenzó a aplicar esa táctica luego de diciembre de 2023, cuando llegó a una desaprobación del 66% y a una aprobación de solo el 26%, los peores indicadores de su mandato, en la encuesta de Invamer. Con esta nueva estrategia de propaganda, a lo largo del 2024, ha logrado recuperarse y está en 60% y 34% respectivamente.
“Golpe de Estado”
Pero tal vez la carta más recurrida por Petro, en su repertorio de control de crisis, ha sido la de calificar como “golpe de Estado” cualquier investigación de los órganos de control o del Congreso, una expresión que utiliza en distintas variantes, “golpe blando” o “golpe de corbatas”, y a la cual ha recurrido prácticamente durante todo el año 2024.
En febrero publicó un mensaje en su cuenta de X en varios idiomas, desde el italiano hasta el árabe, denunciando supuestos intentos de la Procuraduría de Margarita Cabello y la Fiscalía de Francisco Barbosa de darle un “golpe de Estado”. Meses después, también acusó al Consejo Nacional Electoral, que investiga la financiación de su campaña, y al Consejo de Estado que conceptuó a favor de ello, de también ser “golpistas”.
Se trata de uno de los “golpes de Estado” más anunciados en la historia de la humanidad –“A Petro le han dado hasta el momento ocho golpes de estado, acumulando así un aterrador promedio de un golpe cada año y 7 meses”, escribió alguien con ironía en X– y el único “golpe de Estado” en el que el resultado no es que al Presidente lo tumban de su cargo y asume un grupo contrario el poder, sino que por el contrario el mandatario se atornilla y de paso deja en mal estado a las instituciones.
El tal ‘golpe de Estado’ es una farsa del presidente Petro, entre otras cosas, porque en caso de que la investigación del CNE llegara hasta sus últimas consecuencias, el castigo sería una multa que será un porcentaje de la plata que el Estado le dio a su campaña por reposición de votos.
Sin embargo, disparar las alarmas con un supuesto golpe de Estado le es altamente rentable: se pone en condición de víctima, cuando por el contrario se trata de un transgresor de la norma que está siendo investigado por ello; asusta además a quienes de manera honesta tratan de hacer cumplir la ley, y además confunde al mundo que desde la distancia no entiende muy bien que está pasando en Colombia, pero la fuerza sonora de la expresión “golpe de Estado” les queda en la cabeza.
Gracias a los varios escándalos y a la estrategia del gobierno de Gustavo Petro para contenerlos, nunca antes Colombia había vivido, desde el punto de vista de la producción de noticias, una especie de vértigo constante como el de este 2024.
En el caso de Gustavo Petro, además de los escándalos de 2023 (de su hijo Nicolás Petro, de su hermano Juan Fernando, de los contratos de la ministra del Deporte), este año aparecieron nuevos que podrían llamarse megaescándalos: el de la Unidad de Riesgos (UNGRD), el de la financiación de su campaña a la Presidencia, los de Ecopetrol, los de los megacontratistas que como satélites dan vueltas por el Gobierno Petro, los de los acusadores en el Gobierno y hasta el de Armando Benedetti que a pesar de todos sus escándalos a cuestas aterrizó como asesor en pleno corazón de la Casa de Nariño.
Los escándalos
Un ministro de Petro, alguna vez, comentaba en privado que no sabía cómo iban a poder salir del escándalo del saqueo de la Unidad de Riesgos: no tiene ninguna presentación que el gobierno de Petro, que se dice defensor de los más vulnerables, los políticos se quedaron con la plata que debía ir a saciar la sed de los niños de la Guajira y a curar tantos otros riesgos de país.
Ya van tres escándalos dentro del megaescándalo de la UNGRD y pueden aparecer más. La periodista que destapó la primera olla, Paula Bolívar, dice tener en la mira contratos por más de $1 billón de la Unidad de Riesgos. El caso arrancó en febrero por la compra de 40 carrotanques en La Guajira por $48.000 millones, contrato al que le sacaron 14% para, supuestamente, dárselos a los presidentes de Cámara y Senado de ese entonces, para que le ayudarán al gobierno a tramitar sus proyectos en el Congreso.
Un segundo capítulo, menos sonado, de $20.000 millones de ollas comunitarias que se desviaron para campañas políticas en La Guajira con miras a las elecciones regionales de octubre de 2023 (¿Cuánta plata más se pudo haber desviado de esa forma de los más de $2 billones que tuvo la UNDGR ese año?).
Y el más reciente, que estalló en el segundo semestre fue el de la compra de votos de congresistas de la Comisión de Crédito a cambio de tres contratos por $92.000 millones. El escándalo ya le costó el puesto a dos ministros (Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla), al director del Dapre del momento, Carlos Ramón González, y a la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Esta última incluso fue cobijada con medida de aseguramiento y está detenida.
Con menos pruebas a la mano la justicia ha condenado a muchas otras personas en Colombia.
Financiación ilegal
El otro gran escándalo de este año ha sido las evidencias sobre las irregularidades de la financiación de la campaña de Gustavo Petro que llevaron al Consejo Nacional Electoral anunciar que abría pliego de cargos a la campaña por volarse los topes de financiación.
El Consejo Nacional Electoral está investigando su campaña como lo ordena la ley, y como lo han ratificado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. La irregularidad en la que habría incurrido la campaña de Petro no es menor: se habría volado los topes al menos en $5.000 millones.
Y la ley pone un tope de financiación para evitar la inequidad entre los candidatos a cargos de elección popular –no es lo mismo hacer una campaña con $100 mil millones que una campaña con $5 mil millones– o evitar algo peor, que la democracia le dé ventajas a los que más plata tienen.
Amigo megacontratistas
Y el tercer gran escándalo del gobierno de Petro sería el de varios grupos de megacontratistas que como bien lo documentó El Espectador han logrado contratos y nombramientos en entidades públicas por su cercanía personal con Petro o con su esposa Verónica Alcocer.
“Salvando las diferencias, si se tratara de un solo grupo, sería uno que en los últimos dos años ha movido una cifra cercana a $1 billón solo en contratación pública”, dijo El Espectador en su momento.
Entre otros mencionan a Danilo Romero Gómez, vinculado a una decena de empresas relacionadas con la comercialización de energía, títulos de carbón, inversiones inmobiliarias y transporte, y su esposa Carolina Plata, asesora de Verónica Alcocer, compadres de Petro y cercanos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Orlando Cabeza, dueño de Helistar, una de las compañías más grandes del país, que tiene desde hace años el contrato de transporte en helicóptero para Ecopetrol, y lo retuvo este 2024 luego de una polémica licitación de $580 mil millones. Helistar aparece en 13 vuelos privados que hizo en 2023 Armando Benedetti, de Barranquilla a Caracas.
Euclides Torres, cabeza del clan Torres, quien según Nicolás Petro, fue pieza clave de la presunta financiación irregular de la campaña del 2022, y tiene intereses en trámites de tránsito, salud y contratos con el Fenoge entre otros.
Y por último los catalanes, Manuel Grau y Xavier Vendrell, a quienes Petro, una vez asumió la Presidencia, les dio la nacionalidad express.
Está también el caso de Ecopetrol, que tiene varios frentes abiertos, cada uno más preocupante que el otro, el más reciente una investigación según la cual dos empresas que estarían ligadas a la pareja del presidente de Ecopetrol habrían sido beneficiadas con la venta de energía de Urrá.
Son escándalos muy graves porque el de la UNGRD habla de corrupción en la entraña misma del gobierno, con recursos que debían ir a los más pobres del país, el del Consejo Nacional Electoral porque habla de lo ilegítima que puede ser su elección como presidente teniendo en cuenta la financiación ilegal de su campaña y el de los megacontratistas cercanos porque dejaría al descubierto un presunto favorecimiento.
La propaganda
Son varias las denuncias públicas sobre el pago del Estado a personas para que se dediquen a hacer propaganda a favor del gobierno y a atacar crudamente a sus contradictores en las redes sociales. El mismo Gustavo Bolívar, como director de Prosperidad Social hizo una convocatoria pública a “influenciadores” a través de su cuenta de X.
Los contratos de “influenciadores” aparecen en todo tipo de entidades, en RTVC, en Colombia Compra Eficiente, en la Agencia Nacional de Tierras. Varios de ellos, se ha identificado, utilizan el matoneo y la cancelación en redes, dos grandes debates en el mundo hoy.
En otros casos como en el Ministerio de Cultura, hasta noviembre pasado tenían una planta de 50 personas en Comunicaciones que por la crisis fiscal tuvieron que recortar hace poco. Y RTVC llegó a contar con un presupuesto de casi medio billón de pesos para la propaganda.
Petro no está gobernando sino comunicando. O dicho de otro modo, la gran plataforma del gobierno es la propaganda.
La ineficiencia del gobierno Petro ha sido tal que Colombia comenzó el 2024 viendo como quedó eliminada de la organización de los Juegos Panamericanos por no pagar a tiempo y termina el mismo año en medio de una crisis fiscal profunda que está llevando a Petro a acabar con significativos programas sociales como los subsidios de vivienda de Mi Casa Ya, Colombia sin Hambre y Renta Jóven. Por mencionar solo algunos.
Petro le echa la culpa a los congresistas por tumbar una reforma tributaria que recogía 10 billones de pesos, pero no dice que la culpa es de la DIAN que hizo cuentas alegres, se imaginó recaudar $315 billones en 2024, pero al cierre de noviembre iba en $250 billones. Es decir, por ahora es un desfase de $65 billones.
Un año en que el sistema de salud está viendo cómo se desmorona una historia de esfuerzos de 30 años con el chu-chu-chu del gobierno y en el que el país está pasando agua ante la eventualidad de que por las obsesiones ideológicas del Presidente pierda la soberanía energética.
“Esa es su gran tragedia: que el combatiente acostumbrado a irse en contra de todo ahora debe mostrar su capacidad de gestión, de gobernanza y de disciplina administrativa. Y no puede ni sabe hacerlo porque no está diseñado para ello”, escribió Mario Mendoza, quien votó por Petro, en un perfil sobre el presidente en el que expresa su desilusión.
Petro, curtido en la guerra, se ha refugiado en la propaganda porque ve en cada problema suyo la oportunidad de construir una narrativa de héroe sobre sí mismo que le pueda salvar la mala gestión de su gobierno, sin embargo, así como después de la peste del insomnio los habitantes de Macondo recuperaron la memoria, ojalá la peste de la propaganda pase también pronto para que, como dijo García Marquez, “nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía”.
