Una demanda laboral contra la Conmebol, que la condena a pagar 10 millones de dólares a un excolaborador, levantó las alarmas en el máximo organismo del fútbol sudamericano, que analiza la posibilidad de abandonar Paraguay ante lo que considera una muestra de falta de seguridad jurídica en el país.
La alerta provocó una reunión esta semana entre el presidente paraguayo, Horacio Cartes, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien expuso al mandatario las vicisitudes judiciales que está atravesando el organismo con sede en la ciudad de Luque (Gran Asunción).
Esas preocupaciones se acrecientan además por el hecho de que a esa demanda, del periodista uruguayo Ismael Pintos, siguieron las de trece antiguos funcionarios del ente, las cuales sumarían hasta 51 millones de dólares.
Los antecedentes del caso se remontan a 2014 cuando Pintos presentó una demanda en Brasil, entonces su país de residencia, por despido ilegal.
La demanda se produjo dos años después de que el periodista se desligara de la entidad, donde era el responsable del programa mensual emitido en un canal argentino y titulado “El mundo de la Conmebol”.
La asesora legal, Monserrat Jiménez, dijo a Efe que el ente le abonaba con base en un contrato de prestación de servicios y que Pintos nunca fue funcionario del mismo.
Jiménez añadió que Pintos alegó en su demanda en Brasil que había firmado un contrato comercial de 40 millones de dólares a favor del ente rector del fútbol suramericano durante la presidencia de Nicolás Leoz (1986-2013), con quien negoció recibir una comisión que correspondería a los diez millones de dólares.
Ese contrato, según Jiménez, sería con Global Sports, empresa que está en litigio con la Conmebol por incumplimiento de contrato.
Sin embargo, Jiménez afirmó que ese contrato “no existe” y que tampoco fue incluido en el expediente de Pintos.
El expediente llegó entonces al juzgado de Luque, que dio la razón a la Conmebol, ya que la entidad había planteado como defensa de excepción que el caso había prescrito.
El caso dio un giro con la apelación a la Cámara de Apelaciones de la ciudad de San Lorenzo, que revocó la sentencia y dio la razón al demandante.
En otra vuelta de tuerca, el expediente volvió al juzgado de Luque, que sentenció a la Conmebol a pagar a Pintos los 10 millones de dólares.
Lo más flagrante, según Jiménez, sería que el hecho demandado debía de haber prescrito, ya que “las acciones laborales prescriben en un año en Paraguay y en el caso de Pintos se presentó en forma posterior al año”.
Ello ha creado una “nefasta jurisdicción” que según Jiménez ha activado demandas de exfuncionarios del organismo que las han presentado años después. Así las cosas, Jiménez no descartó la posibilidad de que la Conmenbol cambie de sede, si bien expresó su confianza en que la Corte Suprema haga lugar a la acción de inconstitucionalidad.
