El futbolista brasileño Dani Alves, condenado a cuatro años y medio de prisión por violación, solicitó su salida en libertad a la espera de que su sentencia sea firme y aseguró que no huiría, en una vista celebrada este martes en Barcelona.
Todas las partes comparecieron ante un tribunal de la Audiencia de Barcelona para una breve vista a puerta cerrada, destinada a valorar la petición de libertad de la defensa del deportista, sobre la que la Fiscalía argumentó su desacuerdo.
La abogada de Alves, Inés Guardiola, expuso, de su lado, que su cliente, en prisión provisional desde enero del año pasado, no debería continuar en la cárcel.
Para ello, argumentó que Alves ya cumplió un cuarto de la pena que el tribunal le impuso a finales de febrero –lo que, en caso de sentencia firme, le habilitaría para empezar a tener beneficios penitenciarios–, y aseguró además que no se fugaría, indicaron fuentes jurídicas.
La defensa propuso, además, posibles medidas para facilitar su salida, como el depósito de una fianza de $50.000 euros (unos $54.000 dólares) o la retirada de los dos pasaportes del futbolista, añadieron.
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Alves, que compareció desde prisión a través de videoconferencia, aseguró a los jueces que no huiría en caso de obtener la libertad provisional y que cree en la justicia, apuntaron las mismas fuentes.
Estos argumentos no convencieron, sin embargo, a la Fiscalía, que siguió oponiéndose a que el exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain, entre otros equipos, salga en libertad, ya que considera elevado el riesgo de fuga.
La decisión de los magistrados, que no debería demorarse mucho, será sobre este pedido de libertad y no sobre los recursos interpuestos por todas las partes a la sentencia decidida por este mismo tribunal a finales de febrero, que se dirimirá más tarde y en otra instancia.
Tras un mediático juicio, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona condenó a Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel por haber violado a una mujer en los baños de una discoteca de esa ciudad española a finales de 2022.
La sentencia le imponía también cinco años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por nueve años y medio y el pago de una indemnización de 150.000 euros (unos 163.000 dólares).
